lgunos asambleístas del oficialismo, que hacen la labor de “portavoces” del Órgano Ejecutivo, han anunciado que sería designado embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA) el señor Héctor Arce Zaconeta, con la misión concreta de demostrar en ese organismo regional que en noviembre de 2019 se realizó un “golpe de Estado” y no así un “fraude electoral”. Este anuncio debería hacerlo el Ministro de Relaciones Exteriores y no algún desorientado asambleísta, pues los funcionarios del servicio exterior son designados por otro Órgano del Estado.
Como sabemos, el señor Arce Zaconeta es uno de los miembros del grupo de poder o rosca que gobernó casi catorce años consecutivos, ocupando diversas elevadas situaciones en el aparato del Estado y desde el Ministerio de Justicia, en el que ejerció la función de ministro, manejó los hilos del aparato de justicia a favor siempre de los intereses del régimen populista.
No debería llamarnos la atención que el actual gobierno, que es la segunda parte del régimen que encabezó Morales Ayma, designe como embajador a quien viera conveniente y en especial si es una persona allegada al grupo gobernante y no a individuos de carrera o formados en Derecho Internacional y Diplomacia. Lo que sí llama la atención es la misión específicamente encomendada, es decir, demostrar o más bien defender la teoría del “golpe de Estado” y el no “fraude electoral” que precisamente fue develado por un grupo de expertos en materia electoral, conformado por la OEA a solicitud del gobierno del MAS.
Las mentiras políticas son parte en especial del accionar de quienes detentan el poder o pretenden mantenerse en el mismo o buscan objetivos definidos con base en esas falsedades, en el caso de nuestro país para perseguir y encarcelar a los opositores y ex altos funcionarios civiles y militares del gobierno transitorio, como ha sucedido con el encarcelamiento –reprobado en el exterior– de la ex presidente del Estado y algunos de sus colaboradores y que es una provocación a centenares de miles de ciudadanos que se volcaron a las calles en defensa de la democracia y su voto en las urnas.
La “política del odio” es una receta de las corrientes populistas extremistas que han aparecido luego del colapso del comunismo internacional en 1989, con la caída del muro de Berlín, y aconsejadas por teóricos marxistas de la lucha de clases, como la señora Marta Harnecker, de apuntar a los enemigos de los procesos revolucionarios (?), como la derecha, el imperialismo yanqui, los neoliberales, la burguesía empresarial, los k´aras, etc., es decir la confrontación con la otra parte de la sociedad que piensa diferente.
Los regímenes populistas de izquierda promueven la división y el enfrentamiento, de tal manera que, al dividir maniqueamente a la sociedad, entre nosotros, los buenos, y los demás, los malos, a los que hay que combatir y destruir porque son los enemigos, se afecta gravemente a la Seguridad y Defensa del Estado, pues una sociedad dividida y enfrentada es más vulnerable en su soberanía.
Ya en el gobierno del Morales Ayma se designó embajador en Brasilia a un conocido profesional de formación socialista, con la misión de enjuiciar a la revista “Veija” que publicó más de un artículo sobre el “narco Estado”, misión que fracasó, pues el prestigio de esa publicación de un tiraje de tres millones de ejemplares y su influencia en la sociedad brasileña es importante. Además, ese medio hizo saber que, de provocarse el enjuiciamiento, publicaría otros documentos comprometedores para algunos miembros del gobierno de ese tiempo.
El país, azotado por la pobreza y la pandemia del Covid-19, necesita la unidad y no el enfrentamiento, el diálogo y concertación para encarar las medidas necesarias para superar la crisis económica y sanitaria, con políticas acertadas de gobierno que nos den luz en la tempestad.