La declaración de al menos once militares ante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que llegó a Bolivia para investigar los hechos de violencia en 2019 viola la Constitución Política del Estado (CPE) y las normas militares, apuntó a EL DIARIO el coronel en servicio pasivo del Ejército y abogado constitucionalista, Jorge Santistevan.

De acuerdo a la nota DIR.JUR.CJ.FF.AA Nº 496/21, de fecha 17 de mayo de 2021, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), general César Vallejos, ordena que oficiales del Ejército vayan a declarar ante la GIEI. En ese marco, al menos once militares, entre generales y coroneles, declararon en un hotel ubicado en la zona Sur de la ciudad de La Paz los días 19 y 20 de mayo de 2021.

Santistevan lamentó que bajo el término de “entrevista por la vía de la colaboración” que hace el GIEI, simultáneamente el Comando en Jefe de las FFAA “obligue” a los jefes militares a prestar su declaración informativa ante un organismo internacional, lo que admite la pérdida o entrega de la soberanía jurídica y dignidad del Estado porque las investigaciones del caso no se agotaron aun en instancias nacionales.

“Cómo pueden obligarlos a sentarse frente a representantes de un organismo internacional para que presten informaciones, en instalaciones no militares y sin el amparo de sus superiores, siendo dependientes del Comando en Jefe. Por otra parte, el mismo comando al recibir esa instructiva de colaboración debió definir la pertinencia y sobre todo la legalidad para hacerlo, debiendo con carácter previo establecer la asistencia de personal de supervisión como el inspector general del Comando en Jefe junto al asesor legal durante todas las entrevistas”, apuntó.

El militar aseguró que el Comando en Jefe no puede dejar desamparados a sus camaradas que aún forman parte de la institución, y que, si definieron cooperar con el GIEI, debieron pedir que las declaraciones sean en instalaciones castrenses, no solamente por las garantías sino porque ellos aún dependen de un mando, y sus acciones en 2019 fueron en actos de servicio y no intuito persona.

“Si ellos tuvieran que declarar debieran haberlo hecho ante instancias militares y, luego, por vía de la colaboración, parte de esas declaraciones podrían ser remitidas a través de los mecanismos y normas que establecen las Fuerzas Armadas para el efecto. Con este procedimiento pareciera que al mando no le interesan sus subalternos, lo que ocurra con ellos, ni los resultados que vayan a ocurrir en esa toma de declaraciones; sin embargo, al respecto estoy seguro que la mayoría de ellos van a decir toda la verdad, ante cualquier instancia que los convoque, por la calidad profesional de cada uno de ellos; y es ahí donde se requiere que impere la garantía de un sistema legal independiente, cosa que no existe hoy en día, que haga prevalecer la verdad sin que importe a quién afecte”, aclaró.

Dijo que de acuerdo al artículo 51 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), el comando en jefe a través de la inspectoría general, vela por el honor, la dignidad y el prestigio de las FFAA (…), norma, que en su criterio, no cumple.

El inciso a) del artículo 120 de la LOFA señala: “Prohibición para publicar, dictar conferencias o emitir opiniones orales o escritas, sobre temas que comprometan secretos militares y afecten la moral o la disciplina”.

En ese marco, el jurista aclaró que los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019, es un hecho que atañe a las FFAA y no a un problema individual, porque los militares estaban cumpliendo órdenes superiores acorde a sus funciones como comandantes.

Aclaró que, de acuerdo a normas militares, incluso cuando un funcionario se encuentra gozando de vacaciones, no puede viajar al exterior sin autorización del Comando en Jefe y el Ministerio de Defensa, por lo que es sumamente “cuestionable” que ahora los obliguen a prestar declaraciones a una instancia internacional.

“Nuevamente se comprueba que los militares están completamente huérfanos de sus leyes, reglamentos y mando, vulnerando el artículo 245 de la Constitución Política del Estado. Si bien este no es un tema clasificado como secreto, puede comprometer a las FFAA y eso no se debería hacer. Ellos deben establecer y definir la situación actual de los militares y establecer las condiciones para que se presenten a la cooperación informativa, en caso que otros militares sean requeridos. Sin embargo, cabe aclarar que aun cuando las instancias judiciales no se agotaron en el país, nada justifica la intervención de un organismo internacional, llámese Derechos Humanos u otra institución transnacional”, apuntó.