En los romances más fresas o en los affaires más torrenciales, los rompimientos suelen quedar mínimamente marcados por incidentes y portazos. Todo indica que Evo Morales no cerró bien su relación con Gabriela Zapata y es justamente a partir de ese asunto sentimental sin final cristalino que todo un país terminó sumergido en una crisis de Estado extendida casi cinco años, desde el 21 de febrero de 2016 hasta noviembre de 2020. Una historieta que no debería trascender el culebrón, se convirtió en el principio del fin de un ciclo gubernamental.

1. Las urnas le dicen no a Evo. Estaba convencido de que ganaba, de que podría volver a postularse a la presidencia, pero la telenovela con Zapata marcó la tendencia moralista y sentenciosa del resultado electoral. El 51% le dijo no a Evo y a partir de ese momento el Movimiento Al Socialismo (MAS) quedaba en la obligación de diseñar el recambio de binomio para intentar reproducir el poder.

2. El Tribunal Constitucional le dice sí a Evo. El 28 de noviembre de 2017 quedará inscrito como el vergonzoso día en el que un puñado de abogados decidieron que Evo Morales quedaba habilitado para ser nuevamente candidato. Aduciendo un derecho humano según el Pacto de San José, se estornudaron en la voluntad expresada en el referéndum realizado 21 meses antes, sin prever que las consecuencias serían devastadoras, generando una indignación que transformó la rabia de quienes sintieron que se les arrebataba su derecho al triunfo plebiscitario, en acciones que generaron una polarización expresada a través del odio racista, de la subestimación histórica al “de abajo” que se había convertido en un presidente que se pasaba por el forro la voluntad ciudadana.

3. No al nuevo Código Penal. En diciembre de 2017, los colegios médicos se convirtieron en la primera punta de lanza contra el presidente prorroguista. Se opusieron con terquedad a la puesta en vigencia de un nuevo Código Penal, cuestionando el artículo 205 referido a la mala práctica profesional. A ellos se sumó la Iglesia Católica que cuestionaba ese instrumento que se orientaba a transformar la cultura punitiva de la Justicia boliviana, por su abierto cuestionamiento al aborto respaldado por plataformas ciudadanas. Médicos, curas, católicos y evangélicos habían comenzado las tareas de boicot a la gestión gubernamental.

4. No al Sistema Único de Salud. En enero de 2019, los médicos volvieron a la carga afirmando que no existían condiciones para poner en vigencia el Sistema Único de Salud (SUS). El 11 de ese mes ya se habían inscrito 250.000 personas para acceder a los beneficios de una cobertura de la que jamás dispusieron. El forcejeo se sostuvo por meses, instalándose la idea de que la medida era electoralista, que el gobierno recién pretendía hacer algo por la salud de manera tardía.

5. Cuatro millones de hectáreas incendiadas. En octubre de 2019, el gobierno de Evo Morales, presidente, pero sobre todo candidato, tuvo que extremarse para sofocar el fuego en la Chiquitanía que destruía sin piedad bosques y fauna. Un cabildo en el que se habrían congregado un millón de personas en Santa Cruz de la Sierra, acusó de ecocida al masismo. No se ha llegado a comprobar que los incendios fueran provocados con una inequívoca intencionalidad política: erosionar la candidatura oficialista a la que desde junio ya se la acusaba por anticipado de fraude para las elecciones del 20 de octubre. Al año siguiente, el gobierno de facto de Jeanine Áñez no derogó los decretos sobre los incendios con un millón de hectáreas consumidas por el fuego. Ya no hubo alarma nacional, los ambientalistas de ocasión desaparecieron, los medios conservadores ya no reaccionaron horrorizados. No importaba. El “Evaristo” ya no estaba en el gobierno.

6. La imperdonable interrupción del conteo rápido en elecciones. La interrupción y la reposición intempestivas e inexplicables de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue la decisión más equivocada y destructiva en la historia electoral boliviana desde el retorno a la democracia en 1982. Sucedió entre el 20 y 21 de octubre, y a partir de ese momento la narrativa del fraude fue proclamada victoriosa para provocar la anulación de los comicios que dieron paso al derrocamiento del gobierno con la activa participación del Departamento de Estado norteamericano, la OEA, candidatos opositores, la Policía Boliviana, las FFAA, los comités cívicos, los colegios médicos, los ambientalistas y los curas que se habían encargado de socavar durante casi dos años al gobierno que exhibía su autosuficiencia con un candidato forzado en una mesa de “notables” constitucionalistas.

A continuación, se impone la auditoría de los daños infligidos al país por el régimen de Jeanine Áñez, producto de una sucesión inconstitucional a la que nos hemos referido en este espacio periodístico desde mayo del pasado año. Venga el diablo y escoja.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.