“Ni de borrachos los propios interesados administrarían sus recursos peor que nosotros desde el nivel central”, decía Goni al promover, en 1993, El plan de todos, centrado en la descentralización y el pluralismo político, económico y social. La ley de Participación Popular fue elaborada por una comisión multidisciplinaria bajo la supervisión continua y permanente del presidente de entonces Gonzalo Sánchez de Lozada.

 Por nuestra exitosa experiencia con los comités populares de Salud fuimos invitados a participar en las comisiones para el estudio del plan y la ley. El análisis de estos procesos no cabe en una columna de prensa, por lo cual nos limitamos a señalar sus contenidos principales. Tiempo habrá para comentarlos detalladamente.

 El plan de todos empieza reconociendo “la necesidad de pasar de una democracia formal a una democracia eminentemente participativa y solidaria, a través de una mayor intervención ciudadana en la elección, el ejercicio y el control del poder. Esta participación debe darse en todas las instancias, desde las nacionales hasta las comunales”.

 “La democracia participativa -afirma- es el mejor modo de fortalecer la democracia misma. El voto popular no puede ser convertido sólo en un instrumento para la toma del poder, quedando éste librado al juicio personal de un elegido. Somos partidarios de la política de la inclusión, no de la exclusión”.

 La Ley de Participación Popular, aprobada el 20 de abril de 1994, articula las comunidades indígenas, campesinas y urbanas en la vida jurídica política y económica del país; mejora la administración de los recursos públicos, perfecciona la democracia y garantiza la igualdad de oportunidades a mujeres y hombres. 

 Las autoridades municipales autónomas elegidas por sufragio universal tenían que admitir en su seno a un comité de vigilancia elegido por las organizaciones populares de base, con prescindencia de los partidos políticos; en las ciudades por las juntas vecinales, y en el área rural por las comunidades originarias, “de acuerdo con sus usos y costumbres o disposiciones estatutarias”. 

Las autoridades tradicionales (jilacatas, capitanes, curacas, mallkus, etcétera) adquirieron automáticamente personería jurídica e ingresaron por primera vez a formar parte de la conducción democrática de sus instituciones.

 Carlos Hugo Molina hace notar que antes de las reformas, la jurisdicción municipal estaba dada por un radio urbano que excluía lo rural, donde habitaba el 42% de la población. El Estado no llegaba a las áreas rurales. 

 Esta Ley, que no tiene parangón en la historia nacional, no sólo distribuye  poder sino también recursos. El 20% de los ingresos del Tesoro General de la Nación debe llegar a los 311 municipios que crea la ley, por transferencia bancaria directa, en proporción al número de sus habitantes. Un 5% adicional se destina en la misma forma a las universidades. 

 También corrigió la inequidad distributiva. Según el estudio de Mario Galindo Soza, Antes de esta ley, las capitales de departamento recibían el 92,1% de coparticipación tributaria; las provincias y área rural el 7,9%. Había provincias que no recibían nada. 

Después de la ley, las capitales recibieron el 38,9% y las provincias 61,1%. Los departamentos del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) recibían el 90,9% y el resto el 9,1%. A partir de 1994 reciben 68,1 los primeros y los otros 31,9%. 

 La equidad buscada se la obtuvo sin disminución de los montos absolutos de los mejor favorecidos gracias al incremento del volumen total de la coparticipación tributaria.

 Los municipios estaban obligados a no consignar más del 10% a gastos de funcionamiento, quedando 90% para inversión en producción, desarrollo local, salud y educación. 

 Con el 10% de ese 90% se pudo financiar el Seguro Universal Materno Infantil, el SUMI. Bolivia fue así el primer país latinoamericano en introducir el seguro de tesis universal que no demanda aportes directos del beneficiario y da cobertura a toda la población.

En sus diez primeros años de gestión redujo la mortalidad materna en 50%. En 2018 se lo anuló para crear el SUS que, como es sabido, no fue sino un engaño preelectoral. Los otros componentes de la Ley han sido estropeados por intereses partidarios y, paradójicamente, una ley destinada a unificar el país ha sido utilizada por el MAS para dividirlo en un Estado Plurinacional conflictuado de origen, dependiente, rentista y colonizado con quiebra de la economía y la moral.

Javier Torres Goitia T. fue ministro de Salud.