Han pasado más de dos meses desde que se detuvo a la expresidenta Jeanine Áñez, con la absurda acusación de que organizó un golpe de Estado para llegar al poder, adonde fue llevada en su condición de senadora, por un procedimiento de sucesión constitucional, avalado incluso por el propio Movimiento al Socialismo (MAS) desde la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional, en noviembre de 2019.

La expresidenta es víctima de los peores abusos que se puede esperar de un Estado: se han vulnerado sus derechos humanos, no hay consideración a su delicado estado de salud, se le impide acudir a una clínica, derecho que no se le ha negado ni siquiera a auténticos dictadores militares o a narcotraficantes detenidos, se le niega recibir visitas y se le siguen sumando procesos forzados.

El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, intentó visitarla hace una semana, pero se lo impidieron por órdenes que llegan desde el Ministerio de Gobierno. Doria Medina fue al penal donde se encuentra Áñez el sábado, día de visitas a los detenidos, y no le permitieron.

Jeanine Áñez es víctima del mayor ensañamiento y perversidad política del Gobierno de Luis Arce Catacora. Han hecho de ella un grotesco trofeo político para “escarmentar” a quien se atreva a desafiar el poder del MAS. Conociendo cómo se mueven los hilos del poder en un Gobierno que tiene un presidente sometido a la voluntad del jefe de su partido político, no es difícil deducir de dónde viene la orden para descargar contra una mujer indefensa, sin poder político ni económico, toda la furia de un hombre vengativo que un día tuvo que salir del país escapando ante el rechazo de un país.

Jeanine Áñez no tiene quién la defienda, apenas su hija, Carolina Ribera, quien para mala suerte de ambas ha dado positivo al covid-19, con lo cual ya no podrá visitar a su madre por un tiempo, para no exponerla a un probable contagio.

Y el Gobierno casi cada semana suma una nueva acusación contra la expresidenta. El más reciente proceso penal que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, presentó en su contra es por anticipación y prolongación de funciones, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Acusaciones que la Fiscalía, afín al partido de Gobierno admite sin pensarlo dos veces.

Hasta ahora se han acumulado cerca de diez procesos penales contra ella, acusada de terrorismo, sedición y conspiración, delitos que se reservan normalmente para delincuentes que se alzan en armas contra el Estado, pero no para una expresidenta que no buscó el puesto, sino que cumplió los procedimientos constitucionales ante un vacío de poder, tras las renuncias de Evo Morales, el vicepresidente y los presidentes del Senado y Diputados.

Esta semana Áñez recibió en su celda del centro de reclusión de Miraflores, en La Paz, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga los hechos de 2019 y cuyo tiempo de trabajo fue ampliado hasta julio próximo por la cantidad de información que está recogiendo (más de 100.000 fojas de expedientes judiciales y el testimonio de unas 360 personas entrevistadas).

Nadie se opone a que Jeanine Áñez, como cualquier ciudadano boliviano, sea juzgada en un proceso justo y que respete sus derechos. El problema, en su caso, es que se le hace un juicio político con una justicia que no es independiente ni confiable, y que está al servicio del actual Gobierno.