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Medio: Opinión
Fecha de la publicación: viernes 21 de mayo de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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La defensa de Jeanine Añez, anunció la presentación de una acción de libertad la próxima semana para pedir la liberación de la expresidenta constitucional de Bolivia en el caso de supuesto golpe.
Luis Guillen, que integra el equipo legal, señaló que el recurso ya está redactado y se presentará como máximo la próxima semana para que Añez se defienda en libertad en la causa abierta en diciembre del 2020, tras la denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty.
“No existe ningún elemento objetivo que los pueda llevar a sostener esta teoría que tiene el Ministerio Público”, dijo Guillen a Correo del Sur Radio. Hacía referencia a la narrativa oficialista de que Evo Morales fue obligado a renunciar el 10 de diciembre del 2019.
“Dentro de estos dos meses no ha existido un acto, un elemento investigativo que logre sostener esta hipótesis”, recalcó el jurista. La expresidenta emitió un pronunciamiento público esta semana donde señaló que el Ministerio Público no ha presentado ninguna prueba en su contra y se definió como una presa política, que solo cumplió con su deber en la sucesión constitucional, avalada incluso por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Añez cumple este jueves 68 días entre rejas desde su aprehensión el 13 de marzo, en horas de la madrugada en Trinidad y traslado inmediato a La Paz.
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, señaló que la denuncia contra Añez presentada en abril por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, por haber asumido la presidencia de la Cámara y luego el mando del país, se sumará al proceso del caso golpe.
“Se ha dado lugar a la acumulación de este proceso denominado golpe, más la denuncia que ha sido presentada por el presidente del Senado nacional y están siendo llevadas adelante, dentro del debido proceso, todas estas investigaciones”, dijo Lanchipa, citado por el diario Correo del Sur.
Rodríguez en su querella tipificó siete delitos supuestamente cometidos por la exmandataria de transición, entre ellos, atribuirse los derechos del pueblo, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, anticipación o prolongación de funciones, asociación delictuosa e incumplimiento de deberes.



