El presidente de Amdecruz y alcalde de Cabezas, el masista Rodolfo Vallejos admite que constantemente habla con diferentes autoridades nacionales, entre ellos el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien hace unos días se ofreció como mediador entre los municipios y la Gobernación cruceña, a la que le reclaman una deuda por las regalías petroleras.

Las versiones van y vienen, incluyendo desvergonzados e insolentes comentarios de alcaldes que dirigen una lucha política contra el gobernador de Santa Cruz, pero a un costo muy alto, pues la región más productiva del país pierde millones de dólares cada hora que se mantiene este cerco, que no es el primero que ocurre y que en todo caso se ha convertido en una medida recurrente del oficialismo contra un departamento con el que ha mantenido una constante hostilidad desde el 2006.

Desde ya es un hecho insólito e inconcebible que autoridades elegidas por el voto popular para promover el desarrollo y hacer respetar las leyes estén bloqueando los caminos, una medida criminal que se ha vuelto tan común en nuestro medio. Con frecuencia, esta forma de protesta está reservada a grupos de presión, sindicatos, movimientos sociales y en el peor de los casos a grupos de anarquistas que castigan a la población para hacerse escuchar por gobiernos insensibles, que han llegado a este extremo,  de convertirse ellos mismos en los verdugos del ciudadano y del productor.

Esta actitud se ensaña especialmente con nuestro departamento, varias veces cercado en todo este tiempo y que sido incapaz de convencer al régimen de que nuestra vocación es el trabajo y la producción y que no existe más allá de aquello, la intención conspirativa que las autoridades siempre están señalando sin ningún tipo de asidero. En todo caso, en Santa Cruz se hace altiva la voz que exige el respeto de la Constitución y de la voluntad popular, pues se trata del único contexto político en el que puede prosperar el desarrollo y la calidad de vida que tanto enarbolan las autoridades, pero que no hacen más que contradecir con acciones tan irracionales.

Lamentablemente el panorama no es muy alentador, pues dentro de su proyecto de perpetuidad, el oficialismo prevé agudizar la persecución política y la destrucción de los liderazgos alternativos y en ese afán no mide escrúpulos y está dispuesto a usar todo lo que esté a su alcance. La víctima será la misma de siempre: el pueblo.

Es un hecho insólito e inconcebible que autoridades elegidas por el voto popular para promover el desarrollo y hacer respetar las leyes estén bloqueando los caminos, una medida criminal que se ha vuelto tan común en nuestro medio.