Siguen y suman los delitos que se atribuyen a la expresidenta Jeanine Áñez, quien es sometida a procesos penales ordinarios, además de tramitarse por lo menos cinco juicios de responsabilidades.

La Fiscalía General admitió ayer la ampliación de investigación, requerida por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, por el presunto hecho de haber asumido de forma ilegal la presidencia del Senado y posteriormente la del Estado, durante la crisis de octubre y noviembre de 2019. Asimismo, dio paso al pedido de la Procuraduría General del Estado (PGE) para ampliar los ilícitos dentro del caso denominado “golpe de Estado”, presentado por la exdiputada Lidya Patty.

“Se ha dado lugar a la acumulación de este proceso denominado golpe, más a la denuncia que ha sido presentada por el presidente del Senado”, declaró a los medios el fiscal general del país, Juan Lanchipa.

El pasado mes, el Presidente del Senado presentó la denuncia contra Áñez, por los presuntos delitos de sedición, conspiración, atribuirse los derechos del pueblo, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, anticipación o prolongación de funciones, asociación delictuosa e incumplimiento de deberes.

Procuraduría

La Fiscalía General informó que se determinó “ampliar los delitos dentro del proceso investigativo del denominado caso golpe de Estado, contra la expresidenta Jeanine Áñez” a requerimiento de la Procuraduría.

“La Procuraduría General del Estado ha planteado la ampliación de la investigación en contra de Áñez por otros tipos penales, por ello el Ministerio Público admitió esa solicitud, que forma parte de la investigación en el caso del presunto golpe de Estado. Estamos en la etapa preparatoria llevando adelante todos los requerimientos correspondientes para continuar con este proceso”, dijo Lanchipa, según el reporte oficial.

Procesos contra Áñez

La expresidenta fue detenida la madrugada del sábado 13 de marzo de 2021 e imputada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración por los hechos de noviembre de 2019 que terminaron con la renuncia del expresidente Evo Morales.

El pasado 15 de marzo, el ministro de Justicia, Iván Lima, presentó ante la Fiscalía General del Estado cuatro proposiciones acusatorias para el inicio de juicios de responsabilidades contra Áñez.

La primera, por un préstamo millonario del Fondo Monetario Internacional (FMI) que habría causado daños al Estado; la segunda, por la presunta concesión irregular del Registro de Comercio por 15 años adicionales a Fundempresa; la tercera, por atentados contra la libertad de expresión, y la cuarta, por atentados contra los derechos de un grupo bolivianos que retornaban de Chile durante la primera ola de la pandemia de coronavirus.

Respecto a estas cuatro proposiciones acusatorias, el titular del Ministerio Publicó informó que “están siendo procesadas, trabajadas y hemos solicitado una ampliación de plazo para la presentación de requerimiento conclusivo correspondiente”.

Además de estas cuatro proposiciones, el Ministerio de Justicia anunció la presentación de una quinta por las muertes ocurridas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), pero para el efecto espera el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA sobre los sucesos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019.

El GIEI-Bolivia debía entregar su informe final hasta este mes de mayo, pero “por las dificultades tuvo a causa de la pandemia para movilizarse y reunirse con los involucrados, prorrogó por dos meses más su mandato, hasta julio. Empezó su labor el 23 de noviembre de 2020.

Defensa de Áñez prepara un recurso

El abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, Luis Guillén, anunció que la siguiente semana presentará una acción de libertad para su defendida.

“Dentro de estos dos meses no ha existido un dato, un elemento investigativo que logre sostener esta hipótesis”, declaró Guillén a radio Correo del Sur.

La hipótesis del Ministerio Público es que la dimisión de Evo Morales fue “obligada”, y que para lograrlo fue necesaria la supuesta comisión de los delitos por los que ahora se la imputan.

El GIEI de la CIDH se reunió con Áñez

El miércoles, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó a la expresidenta Jeanine Áñez en el penal de Miraflores de La Paz, para recibir por segunda vez su declaración sobre los hechos violentos ocurridos durante la crisis de 2019.

“El día de ayer (miércoles), la expresidenta Jeanine Áñez recibió en su celda al GIEI de la @OEA_oficial, ante quienes declaró sobre los hechos suscitados en Bolivia en noviembre de 2019”, señala un mensaje publicado ayer en la cuenta de Twitter de la exmandantaria.

El 17 de diciembre de 2020, la exmandataria se reunió con el grupo de expertos en la ciudad de Santa Cruz, oportunidad en que presentó un informe sobre los sucesos.

Según Branko Marinkovic, quien acompañó en la ocasión a Áñez, la expresidenta realizó una exposición sobre los hechos de violencia registrados tras las elecciones de octubre de 2019, que depararon en la renuncia de Evo Morales a la presidencia y que ella asumió el mando del país por la vía de sucesión constitucional.

A su vez, Áñez, a través de su red social, informó: “Hoy (jueves 17 de diciembre de 2020) asistí a una reunión con la GIEI para aportar a la investigación sobre la violencia en octubre y noviembre de 2019. Una violencia que se origina en el plan y la estrategia de poder del MAS”.

El pasado 18 de mayo, Áñez denunció: “Han pasado más de dos meses desde que se ordenó mi detención preventiva. Desde aquel momento, los fiscales no han presentado una sola prueba que me vincule a los delitos acusados de conspiración, sedición y terrorismo”.