Con estupor estamos viendo cómo el aparato jurídico-político (TCP, Fiscalía, Judicatura, Procuraduría, etcétera) del régimen de Morales Ayma está bordeando los límites de la demencia en su afán de complacer los dictados del cocalero y su entorno, quienes ordenan falsificar el desarrollo de los acontecimientos posteriores al fraude que cometieron, mismo que desencadenó el enfado de la ciudadanía y que acabó con la huida, previa renuncia al vuelo, de algunas autoridades, entre ellas la del propio Morales Ayma.

Desde el comienzo del gobierno de Arce Catacora, dicho aparato se ha dado a la tarea de proveer las “evidencias” que puedan sustentar la peregrina idea de que lo ocurrido aquella vez fue un “golpe” y no, como efectivamente ocurrió, una sucesión constitucional que se resolvió en quien asumió la Presidencia ante el vacío de poder ocasionado por la seguidilla de renuncias -cuyo objetivo era, desde luego, generar un prolongado vacío que generase una situación de “guerra civil”, con el huido a buen recaudo en el exterior-.

De todos los absurdos que para complacer al señor Morales Ayma han sido proferidos por dicho aparato, el de la Procuraduría General del Estado es, probablemente, el más delirante.

En resumen, el titular de la entidad arguye que como las renuncias no se trataron en reuniones regulares del Legislativo, éstas nunca sucedieron. De entrada, la chicana es burda dado que no considera el contexto en el que las renuncias fueron presentadas; pero, como argumentaré más adelante, esta patraña podría terminar hundiendo más a quienes el Procurador intenta defender.

Antes de ello, así parezca reiterativo, es necesario repasar las manifestaciones de distintos organismos y personas que desestiman la forzada versión del “golpe” y, por consiguiente, abonan a la evidente, es decir, a la de la sucesión constitucional. Suscribo, en el camino, la posición de Roger Cortez y otros en sentido de que si hubo golpe, éste ocurrió cuando el régimen de Morales Ayma se orinó en la decisión ciudadana del 21F que ponía coto a su ambición de reelección indefinida y comenzó a urdir, utilizando al TCP para su propósito, la grotesca idea de la reelección indefinida como derecho humano.

En principio, fue la auditoría con carácter vinculante solicitada por Morales Ayma a la OEA la que desahució el resultado de las elecciones de 2019 por haberse comprobado serias irregularidades a lo largo de su desarrollo. Aunque no se menciona en la auditoría, el propio Secretario General de la OEA tradujo lo que todos sabían: fraude.

Ratificando dicho documento y aportando mayor contundencia, el Parlamento Europeo señaló explícitamente la sucesión constitucional y demandó el cese de la detención de la expresidenta constitucional, señora Áñez.

Valiosos testimonios de lo que ocurrió en la reunión que hizo posible la resolución constitucional de la crisis de octubre/noviembre de 2019, incluidos los de gente afín al cocalero, quien estaba enterado de cada decisión que se tomó en la misma, no dejan lugar a duda: la seguidilla de renuncias condujo a quien quedaba luego de todas ellas a ocupar el vacío que ocasionaron.

Volvamos a la ocurrencia de la Procuraduría. Si se la toma en serio y se asume que no hubo renuncias (recordemos que el MAS tenía dos tercios), querría decir que las exautoridades incurrieron en abandono de funciones, lo que las haría sujetos de proceso; por tanto, Morales Ayma y compañía resultarían siendo hundidos por su propio compinche. También implicaría que todo lo obrado por los gobiernos sucesivos, incluido el de Arce Catacora, sería nulo de pleno derecho, un limbo jurídico que sólo existe en quienes están procurando borrar los hechos.