La sombra del golpe de Estado persigue a la jerarquía de la Iglesia Católica. El domingo, un medio local publicó una entrevista con José Fuentes, exsecretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia, en la que niega que en la reunión de la Universidad Católica Bolivia (UCB) de La Paz, en noviembre de 2010, se haya propiciado el golpe de Estado.

Fuentes, ahora rector de esa universidad, pretende hacer creer que en la UCB sólo se habló del “bien común del país”, una especie de encuentro de fieles de la Iglesia con santos católicos, un cuento que difiere con la realidad por la contundencia de los acontecimientos. En esa reunión se reemplazó un procedimiento constitucional, la crisis política debió debatirse y resolverse en el ámbito del Órgano Legislativo y no en las aulas de la Universidad Católica.

En la crisis política de 2019 se produjo una ruptura constitucional, se obligó al Presidente legalmente constituido a renunciar, las Fuerzas Armadas intervinieron de manera directa en ese hecho al solicitarle la renuncia, se sustituyó a Evo Morales por una senadora a la que legalmente no le correspondía asumir el cargo. En síntesis, para ponerlo en términos simples, se sacó a un Presidente anticipadamente de su cargo a la mala.

La resistencia popular fue aplacada por la violenta represión policiaco-militar que luego derivó en las masacres de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y en la Sur de La Paz. Todo esto no es “fantasía” ni “invento”, son acontecimientos que marcan una etapa negra en la historia boliviana y a la vez son rasgos que, de manera inequívoca, caracterizan a un golpe de Estado.

En la asonada golpista participaron las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, organizaciones cívicas vinculadas a sectores empresariales conservadores, la jerarquía eclesiástica, organizaciones políticas de derecha y medios de comunicación opositores al Ejecutivo de entonces, además de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Gobierno de Estados Unidos, entre otros.

Hasta ahora, por todos los documentos emitidos por la Conferencia Episcopal y las declaraciones públicas emitidas por súbditos de esa Iglesia no hacen más aportar nuevos datos acerca de su participación en los lamentables sucesos que enlutaron al país.

Sin embargo, no es la primera vez que esta entidad participa o se involucra en procesos políticos decisivos y se posiciona a favor de un gobierno alternativo, como ocurrió en noviembre de 2019.

En el pasado, amparados en el manto de la Iglesia Católica, los jerarcas promovieron y apoyaron los golpes de Estado en diferentes etapas de la historia boliviana para derrocar a gobiernos que no favorecían sus intereses o eventualmente los ponían en riesgo.

Esta entidad ha penetrado a sectores claves y estratégicos de la sociedad, tiene presencia corporativa en la educación, en medios de comunicación y organismos de evaluación de políticas sociales, económicas y culturales, en suma, tiene el control de gran parte del aparato ideológico para reproducir los valores del sistema capitalista en crisis bajo todas sus formas.

Su objetivo es corroer el pensamiento liberador de las organizaciones sociales, es enemigo a ultranza de las corrientes de izquierda y busca, a través de todos los medios a su alcance, evitar cualquier influencia del pensamiento socialista.

Con ese objetivo alienta a los movimientos golpistas para cambiar el rumbo político del país con la complicidad de los medios de comunicación opositores al gobierno, que amplifican sus mensajes para reforzar sus campañas de desestabilización del orden establecido.

Por todos los antecedentes mencionados, queda claro que el gobierno del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), que hoy representa a los sectores más empobrecidos de la sociedad, no es del agrado de los jerarcas católicos y no queda la menor duda de que continuarán en la actividad conspirativa junto a sus aliados internos y externos.

El debate continúa, pero la retórica de que el golpe fue un “invento” o una “fantasía” no es creíble y se cae por sí sola, los sucesos de noviembre dañaron la democracia y dejaron luto en las familias bolivianas y no hay forma de borrarlo. A estas alturas, ninguna explicación ni aclaración de los curas parece servir para llevarlos a la salvación de sus almas.