“¿Falsificaciones en el Tribunal Constitucional?”, se pregunta el abogado Juan del Granado en un artículo publicado en Los Tiempos el 25 de abril último, donde explica cómo la máxima instancia de justicia constitucional de Bolivia demoró 17 meses en hacer conocer su decisión respecto de una demanda de nulidad de la sentencia de reelección indefinida, presentada por él y otros ocho juristas, y lo hizo faltando 24 horas para una audiencia de amparo constitucional por la demora en el tratamiento de ese caso.

Los abogados presentaron la mencionada demanda de nulidad en noviembre de 2019, y el 20 de abril, recién pasado, fueron notificados “con un auto supremo que habría sido dictado el 24 de diciembre de 2019”. Es decir, que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) notificó su decisión 16 meses después de haberla tomado.

“¿Qué pudo haber pasado en el máximo tribunal de justicia constitucional? ¿(…) se entrepapeló, durante 17 meses, ese auto supremo? ¿Se dictó efectivamente en esa fecha o se falseó la misma? ¿Esperó el TCP el cambio de gobierno para rechazar la nulidad de la Sentencia 084? O ¿había un auto distinto, dictado durante el gobierno transitorio, pero que luego fue cambiado con el cambio de gobierno?”, cuestiona del Granado, abogado de reconocido prestigio en la defensa de los derechos humanos y figura clave en el juicio al exdictador Luis García Meza.

Dos semanas después de la publicación de ese artículo, el presidente del TCP negaba la existencia de una sentencia constitucional dictada el 11 de marzo declarando inconstitucionales los juicios en rebeldía. “En absoluto, no existe nada por parte del TCP que hubiera determinado algo sobre los juicios en rebeldía”, afirmaba esa alta autoridad judicial, contradiciendo al Ministro de Justicia quien había anunciado, el 29 de marzo, que “el TCP ha declarado inconstitucional el juicio en rebeldía, ya no hay más juicio en rebeldía ni en ausencia”.

La sentencia, de 44 páginas, cuya existencia niega sin rubor el tribuno que la firmó junto con otros cinco, fue notificada a la abogada y exdiputada que presentó la demanda de inconstitucionalidad en cuestión y es accesible en varios sitios de la web. Pero no en el del TCP, el único de todos los tribunales de justicia bolivianos que se cayó días después de la evidente mentira pronunciada por su presidente.

“Estamos en presencia no sólo de presuntos fraudes en la cúpula judicial del país, sino ante la prueba clara de su penosa dependencia y sometimiento al poder político de turno”, dice Juan del Granado en su artículo escrito y publicado hace un mes. “Sólo una investigación rigurosa en un juicio de responsabilidades contra los magistrados del TCP podrá esclarecer lo que aparece como un fraude”, agrega. Y tiene toda la razón.