Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: jueves 20 de mayo de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Tribunal Constitucional Plurinacional
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Hace casi un año, el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia
(Conalab) advirtió siete anomalías en el
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Los juristas hicieron conocer las
observaciones a esa instancia judicial en una carta, pero hasta la fecha el
TCP no respondió.
Dificultades para el acceso efectivo a los expedientes,
imposibilidad de obtener copias y/o certificaciones oportunas de los
expedientes, una página web que no brinda información completa y oportuna,
vulneración del derecho a la defensa y acceso a la justicia mediante omisión de
notificación oportuna con sus resoluciones,
fechas de resoluciones que no corresponden a la realidad, vulneración
del plazo razonable y denuncias de la existencia de supuestos “operadores” cuestionables son las anomalías
detectadas por los juristas.
“Sr. Presidente y por
su intermedio Srs. magistrados, en
representación del foro nacional de abogados se ha tenido a bien hacerle
conocer todos esos elementos que son de suma preocupación en los operadores,
solicitándoles sean analizados en procura de una solución efectiva que
repercutirá en el estado de la administración de la justicia constitucional
boliviana”, señala la misiva dirigida al
presidente del TCP, Paul Franco, que fue recibida hace más de nueve meses, el 4
de agosto de 2020.
“Las denuncias fueron
oportunamente puestas, de manera colegiada, por el expresidente del Colegio
Nacional de Abogados Arturo Yáñez y lamentablemente no ha merecido ninguna
respuesta. Lo que nos correspondería es reiterar esa nota y exigir
transparencia a nuestro principal órgano contralor de las garantías
constitucionales”, manifestó el presidente del Conalab, Óscar Vargas.
Página Siete buscó una respuesta del TCP sobre las observaciones señaladas por los juristas,
sin embargo, desde esa instancia se
informó que en los siguientes días habrá una conferencia virtual.
El tema cobra relevancia debido a la polémica que surgió
después de que el presidente del TCP negara la existencia de la sentencia 0012/2021 sobre los juicios en rebeldía.
En la misiva de
agosto de 2020, el Conalab enfatiza que
al no tener acceso efectivo a los
expedientes radicados ante el TCP se
vacía de contenido el derecho que todo abogado o parte tiene para
organizar su defensa. Además de que en el portal tcpbolivia.bo es “imposible” disponer
oportunamente de una resolución final y decretos de trámite en el momento de la
fecha en que indican habrían sido expedidos o notificados.
Se indica también que
los colegios departamentales de abogados señalaron que el TCP no cumple
sistemáticamente con su obligación de notificar adecuada y oportunamente a
todas las partes con sus resoluciones,
por lo que se vulnera el derecho a la defensa y acceso a la justicia.
Entre los hechos más graves se alerta de la existencia de un
“sistemático falseamiento” de la fecha
de las resoluciones del TCP y que en consecuencia vulnera el plazo razonable.
“Por mucho que se
haga seguimiento diario en sus estrados, invariablemente aparecerá una
notificación con fecha anterior (de varias semanas o hasta meses anteriores)
(...), el que se emitan resoluciones con fechas predatadas, que aparecen varios
meses después en la realidad, pone en cuestión el principio de celeridad
previsto por el CPP (Código de Procedimiento Penal) y la misma CPE
(Constitución Política del Estado) y afecta notablemente la confiabilidad de su
tribunal”, se lee en la carta.
Al respecto, el
senador del MAS Luis Flores señala que las denuncias en contra esa instancia
deben ser comprobadas. “A los que cometen errores, delitos y contravenciones
pueden hacerse diferentes procesos, si corresponde administrativo o penal; el
tema es demostrar con pruebas lo que están mencionando del Tribunal
Constitucional”, dijo.
Desde Creemos, el
senador Henry Montero anunció una petición de informe escrito. “El Tribunal
Constitucional debería dar tranquilidad al pueblo boliviano, porque es la garantía
de que se puede cumplir con la Constitución Política del Estado. Vamos a hacer
una petición de informe escrito en relación a todos los casos que se están
denunciando”, expresó.



