La alianza Comunidad Ciudadana (CC) presentó el proyecto de Ley de Defensa de la Democracia y de Resistencia Contra la Tiranía y la Opresión que plantea sancionar a los gobernantes que quebranten el orden constitucional y democrático con 30 años de cárcel, pena establecida por el delito de traición a la patria.

“Los gobernantes que habiendo accedido democráticamente al poder del Estado utilicen cualquier medio para quedarse en su ejercicio, en contra de los límites y plazos de su mandato constitucional, desconociendo la decisión soberana del pueblo expresada en un referendo o elección, o realizando fraude electoral, perderán su legalidad y legitimidad de origen y ejercicio”,  plantea el artículo 2 del proyecto.

El jefe de bancada opositora, Carlos Alarcón, explicó que la propuesta de esta normativa nace como respuesta a una iniciativa que surgió en el Movimiento Al Socialismo (MAS), para aprobar una norma que busca respaldar la teoría del “golpe de Estado” y modificar la Ley 101, de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana en lo referido al motín.

Alarcón dijo que ante esto CC propone a través de este proyecto que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana defiendan la democracia, al pueblo boliviano y a los derechos humanos, antes que al gobernante cuando éste pierda su legalidad y legitimidad.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó ayer que  “por el momento no es prioridad” del MAS el ajuste a la Ley 101 y que la propuesta del diputado Anyelo Céspedes, para incluir la figura del “motín” como causal de proceso penal,  no fue presentada.