Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) podrían ser sometidos a procesos por tres causales: prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por negar la existencia de la Sentencia Constitucional 0012/2021 de 11 de marzo que declara inconstitucionales los juicios en rebeldía. Además, por dejar en indefensión a la ciudadanía y estar sometido al poder político de turno.

Este criterio fue expresado por el abogado constitucionalista Paul Antonio Coca en referencia al accionar de los magistrados del TCP sobre el mencionado fallo que nunca fue publicado oficialmente y ahora está siendo “reelaborado”.

“Los magistrados del TCP están incurriendo en los delitos de la figura del prevaricato, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, no por el fallo sino por cambiar el fallo, por querer hacer un fallo (nuevo) que no sea el primero que aprobó”, dijo el analista.

En esta misma línea, el diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana (CC) señaló que desde el Legislativo se exigirá al TCP cumplir con la aplicación de la sentencia constitucional del 11 de marzo pasado. “Está el documento original, no le queda otra que aplicar su vigencia”, remarcó.

Agregó que la bancada de CC estudiará qué acciones asumirá ante la negativa del TCP a dar cumplimiento de su fallo o en caso de que haga “aparecer” otro fallo.

El asambleísta Marcelo Pedraza (CC), por su parte, anunció la petición de un informe escrito al TCP para que expliqué qué sucedió con el fallo y la caída “misteriosa” de la página web del tribunal, pues no sería la primera vez que sucede esto “cuando se quieren ocultar determinadas sentencias”.

Lamentó que las irregularidades en el TCP no son nuevas; son varios casos en los que ha mostrado su total sometimiento al Gobierno del MAS.

El 11 de marzo se conoció la resolución 0012/2021, que declaró inconstitucional la Ley 04 anticorrupción que permitía los juicios en rebeldía, que lleva la firma de seis de los nueve magistrados, por la disidencia de dos y la excusa de otro. Sin embargo, ahora se sostiene que dicha decisión no es oficial, y el lunes pasado volvió a ser sorteado para que se elabore otro proyecto de resolución.

En diciembre de 2019, la entonces diputada Norma Piérola presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta en la que solicitó declarar la inconstitucionalidad de los artículos “91 Bis y 344 Bis del Código de Procedimiento Penal, introducidos por el art. 36 de la Ley 004”.

El 25 de marzo pasado, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el TCP declaró la inconstitucionalidad del “juicio en rebeldía” o en “ausencia” del acusado, hecho que beneficiaría a exautoridades del Gobierno de transición, tal el caso de Arturo Murillo.

El 8 de mayo pasado, ante la insistencia sobre la publicación del fallo para su puesta en vigencia, el presidente del TCP, Paul Franco, afirmó que no existe ninguna sentencia y dijo que “esa causa sigue en trámite, en tanto y en cuanto no se produzca una notificación todas las causas siguen en trámite”.

Según el constitucionalista Coca, “el TCP no puede borrar con el codo lo hecho con la mano. Obviamente, esto significaría un estado de indefensión jurídica para el ciudadano; el TCP tiene que mostrar un nivel de seriedad y de sometimiento sólo a la Constitución, pero ésta es la muestra del poder político del Gobierno actual de que es capaz de doblegar al TCP, cuando el TCP tendría que ser el contrapeso, el freno a acciones contrarias a la Constitución, a los derechos fundamentales”.

“La justicia es

una marioneta”

El expresidente y líder político de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, calificó a la justicia de ser una “marioneta manejada por el MAS”, a raíz de que el Tribunal Constitucional Plurinacional negó la existencia de una sentencia sobre los juicios en rebeldía.

“El espectáculo que están dando el @TCP_Bolivia y el @MinJusticiaBol sobre el fallo que decide la inconstitucionalidad de los juicios en rebeldía confirma lo que todos sabemos y la comunidad internacional condena: que en Bolivia la justicia es una marioneta manejada por el MAS”, señaló Mesa.

El también exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga calificó de “muy grave” que al interior del “guardián de la constitucionalidad en #Bolivia, se estén fraguando firmas o escondiendo sentencias, mientras el Gobierno manipula y el congreso calla”.