Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 19 de mayo de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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Abogados coinciden en que al Movimiento Al Socialismo (MAS)
no le conviene realizar una reforma al sistema judicial porque ya no podrían
disponer de este “brazo operador” que favorecería al partido en función de
gobierno. Esta evaluación surge luego de seis meses de gestión gubernamental y
del fracaso de la reforma del sistema de justicia en Bolivia.
En noviembre de 2020, el ministro de Justicia, Iván Lima,
manifestó que con el actual Gobierno nacional ya no habría injerencia en el
Órgano Judicial y la Fiscalía. También anunció la presentación de cinco
proyectos de ley para garantizar la independencia judicial.
A esto se suma la conformación de un consejo de notables
para trabajar los ejes de la reforma judicial y la propuesta de realizar un
referendo para garantizar el proceso. El febrero los abogados Eduardo Rodríguez
Veltzé y Guillermo Álvarez renunciaron a este está comitiva y dieron a conocer
que este cambio que se pretende no acompaña las necesidades del pueblo
boliviano.
Al respecto, el abogado constitucionalista Carlos Börth
expresó que tras seis meses no se vio ningún acción concreta para cambiar la
justicia. Explicó que se notó las intenciones de grupos del MAS de mantener el
actual sistema judicial como está porque ya no tiene los dos tercios en la
Asamblea Legislativa y difícilmente podrán elegir a magistrados y jueces que
les sean funcionales, como los actúales.
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“El Ministerio Público, desde su cabeza, responde
militantemente al partido de gobierno y también la gran mayoría de los jueces.
A quienes controlan y operan los intereses
partido gobierno y sus dirigentes, en el sistema de justicia, no les
conviene una reforma judicial y han impedido o van a impedir que se cambie la
justicia”, enfatizó.
El jurista especialista en temas constitucionales, Williams
Bascopé, afirmó que no existe voluntad política del oficialismo para cambiar el
sistema judicial y hacerlo independiente. Por el contrario solo les conviene
mantener a sus “operadores internos”, los cuales son funcionales a los
gobiernos de turno porque están en el cargo por favores políticos y no por su
capacidad.
“Con este sistema judicial, el ciudadano ve que el Estado en
vez de preservar su seguridad, su vida y su vivir bien, es quién le atosiga,
atormenta, persigue y le da total inseguridad. Además es un ente que no le da
calidad de vida en los democrático, a parte de ser corrupto el aparato estatal
y el sistema judicial”, explicó.
Bascopé indicó que una reforma judicial efectiva se da por
la implementación de una escuela de jueces y fiscales, lo cual toma tiempo.
También elegir a representantes de la justicia por meritocracia y no por voto
popular, que de paso es “paupérrimo”, como se vio en las dos elecciones
judiciales.
Intención de Lima quedó en el discurso
El ministro Iván Lima, quien en un principio dijo que como
titular de la cartera de Justicia no iba a referirse a los casos llevados por
la justicia, durante las elecciones subancionales hizo declaraciones sobre
distintos procesos que se llevaban contra opositores, como es el caso de la
inhabilitación de Manfred Reyes Villa cuando era candidato a la alcaldía de
Cochabamba y otros.
A estos se suma que aseveró que se cumplió con el debido
proceso en los procesos contra la expresidente Jeanine Añez y los exministros,
Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra. También dentro de estos casos reveló que se
proceso a la exmandataria por sedición y conspiración, porque el MAS no tiene
dos tercios en el Parlamento para iniciarle un juicio de responsabilidades.
Por otra parte, desde la oposición se denunció que Lima fue
el “operador político” para que a los exgobernantes se les dicte detención
domiciliaria. Otro factor fue la suspensión de la jueza Ximena Mendizábal,
luego de que el Ministerio de Justicia anunció un proceso por no respetar el
“debido proceso” y liberar a líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC),
Yassir Molina.
Al respecto Carlos Börth dijo que es muy difícil saber si
Lima tenía una intención real de cambiar la justicia o solo fue un discurso
para distraer a la opinión pública. Sin embargo es probable que los anuncios
que hizo a un principio no hubieran contado ni con el aval del Gobierno ni del
partido azul.
“El ministro de Justicia se ha tenido que acomodar a los
intereses políticos de su Gobierno y como cabeza del sector justicia en el
Ejecutivo, es el operador. A nadie debe extrañar eso, porque cuando aceptó
estar el cargo también aceptó operar de esa manera, porque sino lo hace lo
cambian”, puntualizó.
Williams Bascopé indicó el titular de Justicia es un
“operador” del expresidente Evo Morales y del exvicepresidente Álvaro García porque responde a esa línea del
Movimiento Al Socialismo.
A su vez la Procuraduría General del Estado, dirigida por
Wilfredo Chávez, es otra institución que se acciona para cumplir las órdenes
del partido de gobierno
“Lima paga una factura, a costa de violar derechos y garantías
constitucionales, como el debido proceso, el derecho a la defensa, el juez
natural. Están forzando el enjuiciamiento de varios opositores y ellos los
saben muy bien. Una cosa es declarar cosas bonitas y poéticas sobre la ley en
cámaras, pero subterráneamente se ha visto cuáles son los resultados”, aseguró.
No es conveniente una justicia imparcial
Tanto Börth como Bascopé coincidieron en que al MAS no le
conviene una justicia imparcial porque perdería su poder de instrumentalizar a
este sistema para sus fines políticos y de esta manera ya no impondrían su
voluntad.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Arturo
Yañez, sostuvo que a ningún gobierno sea de “color político que sea” le
interesará darle independencia al Órgano Judicial porque no existe la madurez
política para entender que se necesita encarar una reforma que permita dotar de
seguridad jurídica a todos los bolivianos.
“Es un problema crónico de toda la clase política boliviana,
y no de un determinado partido o determinando gobierno. Cuando están en la
oposición discursean para que haya independencia en la justicia y cuando están
de gobierno prefieren tener al sistema de justicia de su lado”, resaltó.
Yañez dijo que
actualmente no todos los jueces y fiscales son funcionales o corruptos porque
existen administradores de justicia que han podido sobrevivir en el actual
sistema y otros que renunciaron. Puntualizó que a lo largo de la historia, el
Órgano Judicial ha tenido luces y sombras, pero esto empeoró en los últimos
años.
“Nos es el mismo sistema judicial el de hace 20 o 30 años,
que el actual. También ha habido alguno que otro avance, pero al final del día
cuando uno ve malos ejemplos y que concentran el interés público, que muestran
que no se hace justicia y hay graves problemas”, concluyó.



