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Medio: ABI
Fecha de la publicación: martes 18 de mayo de 2021
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Leyes nacionales y decretos reglamentarios
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El analista político Hugo Siles explicó este martes que el proyecto de Ley de defensa de la democracia y la resistencia contra la tiranía y la opresión presentado por Comunidad Ciudadana (CC), es aberrante en términos jurídicos y pretende legalizar la ejecución de golpes de Estado en el país.
“El contenido que tiene este proyecto de ley es aberrante en términos jurídicos (…) Lo que han hecho los de Comunidad Ciudadana es tratar de legalizar con este proyecto de ley los golpes de Estado“, manifestó en una entrevista en Bolivia Tv.
El instrumento legal propuesto menciona que se sancione con 30 años de cárcel al gobernante que pretenda violar las bases de la Constitución Política del Estado y que las Fuerzas Armadas y la Policía tengan el deber de proteger a la resistencia ciudadana por los medios necesarios cuando un Gobierno pierda su legitimidad.
El analista dijo que el proyecto de ley es aberrante jurídicamente porque trata de forzar que se dé una mirada retrospectiva al golpe de Estado de 2019, para proponer una sanción y plantear el nuevo rol que debería tener a la Policía y las Fuerzas Armadas.
El papel de las fuerzas del orden público sería de arbitraje en la democracia saliéndose de toda la esfera jurídica, normativa y constitucional, porque ambas tienen sus misiones definidas y no deliberan ni desarrollan acción política alguna, acotó.
“Este anteproyecto de ley tiene como principal fundamento el hecho de que los gobiernos en algún momento, dice, pierden legalidad y legitimidad y por eso las Fuerzas Armadas y la Policía actuarán, dice, en necesidad y proporción. Obviamente, este es un proyecto de ley que no se ajusta de ninguna manera a la normativa constitucional vigente”, recalcó.
El analista detalló que el instrumento legal propuesto por Comunidad Ciudadana tiene como fin la legalización de los golpes de Estado, porque trata de justificar y dar valor legal a la ruptura del orden constitucional de noviembre de 2019, sin considerar que el orden democrático y constitucional no se puede romper de ninguna manera bajo el argumento de que un gobierno pierde legalidad y legitimidad.
"¿Quién define eso (la pérdida de legitimidad y legalidad)? Las Fuerzas Armadas, la resistencia, como dicen, ciudadana. No es posible seguir con esta narrativa que intenta la oposición todavía mantener sobre lo sucedido en noviembre de 2019”, finalizó.