El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio un paso atrás y volvió a sortear la acción que, a través de la resolución 0012/2021 de 11 de marzo, declaró inconstitucional la Ley 04 anticorrupción que permitía los juicios en rebeldía. La polémica se agravó porque la página web de esa instancia apareció inhabilitada (‘caída’) tras la determinación.

El 26 de marzo el ministro de Justicia, Iván Lima, había dicho que el TCP declaró inconstitucional el juicio en rebeldía.

Casi dos meses después, el presidente del TCP, Paúl Franco, a través de los medios en Sucre, el 8 de mayo negó la existencia de este fallo y dijo que el mismo seguía en “trámite” y no sería oficial hasta que no se notifique a las partes interesadas.

La sentencia constitucional 0012/2021 del 11 de marzo, que circula en el país, lleva las firmas de seis de los nueve magistrados del TCP: Paul Franco (presidente), Gonzalo Hurtado, René Espada, Georgina Amusquivar, Julia Cornejo y Petronilo Flores.

Los magistrados Carlos Alberto Calderón y Brígida Celia Vargas expresaron su disidencia. En tanto, su colega Karem Lorena Gallardo se excusó, según la copia del fallo.

En la parte resolutiva de la sentencia, declara: “La inconstitucionalidad de los arts. 91 Bis y 344 Bis del Código de Procedimiento Penal, introducidos por el art. 36 de la Ley 004”.

Este fallo, que fue negado por Paul Franco, lleva su firma. Después de 15 meses que se había presentado la demanda, el TCP hizo público su fallo, pero luego lo negó y en las últimas horas suspendió su página web.

La demandante, Norma Piérola dijo que ella fue parte del comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados y recordó que había tres juicios de responsabilidades contra magistrados del TCP por haber cambiado el contenido de sus sentencias y alterado las fechas de publicación.

El expresidente Jorge Quiroga calificó de “muy grave” el hecho de que en el TCP, el guardián de la constitucionalidad en Bolivia, están fraguando firmas o escondiendo sentencias, mientras el Gobierno manipula y el Congreso calla”, opinó en Twitter.

El ministro de Justicia, Iván Lima, declaró el lunes a EL DEBER que es un problema de “información. Hay que precisar que las decisiones del TCP las toma la Sala Plena y la votación debe realizarse en un tiempo fijado por ley. Criticó que no se cumplen esos pasos. Pero, hasta antes de la notificación, los magistrados pueden retirar su voto, modificar su criterio, ser disidentes, presentar votos aclaratorios y eso ocurrió.

La sentencia tiene un magistrado relator, Gonzalo Hurtado, pero no obtuvo más de cinco votos. Por eso, ahora se debe volver a sortear”.

Este lunes, la Fiscalía General inició una investigación contra siete personas, entre ellas el exministro de Gobierno Arturo Murillo, por los presuntos delitos de alteración o sustitución de sustancias controladas, respecto a la incineración de una tonelada y cuatro kilos de cocaína.