El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la inconstitucionalidad de los procesos en rebeldía ante una acción de inconstitucionalidad abstracta promovida por la exdiputada Norma Piérola, pero ahora su presidente lo niega y, para evitar que se pueda ubicar el fallo en el sitio web de ese tribunal, extrañamente su página aparece caída desde el sábado.

Existe una sentencia constitucional del 11 de marzo de este año, con el número 0012/2021, firmada por seis de los nueve magistrados del TCP, que son el presidente Paul Franco, Gonzalo Hurtado, René Espada, Georgina Amusquivar, Julia Cornejo y Petronilo Flores. Los magistrados Carlos Calderón y Brígida Vargas tuvieron una posición disidente y Karem Gallardo se excusó.

El fallo incluso fue comentado por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien el 29 de marzo en un programa televisivo del diario La Razón dijo: “El Tribunal Constitucional Plurinacional ha declarado inconstitucional el juicio en rebeldía; ya no hay más juicio en rebeldía ni en ausencia”.

En esa ocasión, el ministro Lima incluso ahondó en detalles y señaló que los exministros Arturo Murillo y Fernando López no podrían ser juzgados y que para ello tendrían primero que ser extraditados.

Sin embargo, el 8 de mayo, el presidente del TCP, Paul Franco, que firmó la referida Sentencia Constitucional, dijo en Sucre que no existe tal fallo y que la demanda presentada seguía “en trámite”, y que por tanto no sería oficial hasta que no se notifique a las partes interesadas.

Una vez que estalló el escándalo por las contradicciones del más alto tribunal de constitucionalidad del país, llamativamente la página web de esa institución apareció caída desde el sábado 15.

En Sucre todos los órganos de justicia con sede en esa ciudad tenían sus páginas web funcionando normalmente, excepto la del TCP.

La exdiputada demandante denunció que el Gobierno quiere cambiar el contenido de esa sentencia constitucional a través del ministro de Justicia, Iván Lima.

También el expresidente Tuto Quiroga consideró muy grave que el TCP, que es el guardián de la constitucionalidad en Bolivia, esté “fraguando firmas o escondiendo sentencias mientras el Gobierno manipula y el Congreso calla”.

En el siguiente capítulo de ese culebrón, el Ministerio de Justicia salió en un comunicado oficial a precisar que la acción de constitucionalidad abstracta referido a los juicios en rebeldía fue tramitada por el Tribunal Constitucional, pero que no alcanzó los votos suficientes para notificar a los interesados por las dos disidencias, y que eso hace que el caso continúe en debate en el TCP.

Sin embargo, la misma sentencia del 11 de marzo y los antecedentes que rodean al caso dan señales suficientes para entender que se trata de una nueva acción de subordinación de la justicia, en este caso nada menos que el Tribunal Constitucional Plurinacional, al Gobierno de Luis Arce Catacora.

Lo grave del caso, además del ya conocido control político de este Gobierno ante las instituciones de la “justicia” boliviana, a la que habrá que comenzar a ponerle comillas, es que se estaría obrando de una manera absolutamente deplorable con eso de cambiar fallos o fraguar firmas como denunció el expresidente Tuto Quiroga. Cambiar una sentencia, esconder los fallos haciendo caer la página web, volver sobre los pasos y acomodar las sentencias al telefonazo del ministro de Justicia son hechos graves, demasiado graves.