Un anteproyecto de Ley de seis artículos presentado por la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) que castiga el prorroguismo de las autoridades electas inició un nuevo debate con el MAS, cuyos legisladores ven que el partido de Carlos Mesa muestra el “rostro golpista” que tiene para desestabilizar a los gobiernos democráticamente electos.

“Los gobernantes que habiendo accedido democráticamente al poder del Estado utilicen cualquier medio para quedarse en su ejercicio, en contra de los límites y plazos de su mandato constitucional, desconociendo la decisión soberana del pueblo expresada en un referendo o elección, o realizando fraude electoral, perderán su legalidad y legitimidad de origen y ejercicio”, leyó el jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón. 

La propuesta opositora consta de seis artículos y cinco ejes según explicó el diputado Alarcón: el presidente que quiera ir más allá de su mandato establecido en la Constitución pierde su legalidad; manda a la Policía y las FFAA a tomar el poder contra esas intenciones; los depuestos son sancionados con 30 años de cárcel, y cancelan la personería jurídica del partido que los promovió.

La respuesta vino de la mano del diputado Juanito Angulo (MAS), quien acusó los opositores de impulsar la desestabilización del gobierno y lamentó que abogados como Carlos Alarcón presenten un documento que es abiertamente inconstitucional y llama a la sedición de las instituciones del orden. 

Recordó que los artículos 169 y los siguientes ya prevén los casos en los que se presenten vacíos de poder y la sucesión constitucional que debe existir, elementos que no tienen en el anteproyecto de Ley.

Alarcón dijo que esta propuesta fue iniciativa del jefe de su partido, el expresidente, Carlos Mesa, luego de conocer la intención del MAS de cambiar la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (Ley 101) que plantea la sanción de los policías que participen en huelgas o motines para deponer a un gobierno electo.

Angulo desahució cualquier posibilidad de que el anteproyecto opositor tenga algún viso de tratamiento al interior de la Asamblea, porque en su criterio, no se puede impulsar una propuesta que va abiertamente en contra de la Carta Magna.

Casi con los mismos criterios, Alarcón descalificó la intención del Gobierno de sancionar a policías que en cumplimiento de su deber salieron a defender a la sociedad en octubre y noviembre de 2019.