Con la finalidad de que ninguna autoridad intente perpetuarse en el poder vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE), legisladores de la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) presentaron un proyecto de ley denominado “Defensa de la Democracia y Resistencia contra la Tiranía y la Opresión” en la que se plantea castigar con 30 años de prisión a todo gobernante que intente prorrogar su tiempo de mandato.

El jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón, informó sobre la presentación de esta normativa como respuesta a las intenciones oficialistas por promover leyes para endurecer sanciones para ex autoridades, policías y ciudadanos que defendieron la democracia tras el fraude electoral vivido en el país el año 2019.

El legislador señaló que en esta norma se plantea una pena de 30 años de prisión para el gobernante que alterando el orden constitucional y vulnerando las leyes intente prorrogarse en su cargo, más allá del tiempo establecido legalmente para su mandato.

“Nuestro proyecto es para cualquier Gobierno que se presente en el futuro, en base a las lecciones que hemos aprendido el año 2019. Esto no solo está dirigido específicamente contra una persona o un partido político, cualquiera sea el gobernante que se anime a quebrantar el orden Constitucional y democrático desconociendo un referéndum o realice fraude electoral para quedarse en el poder, va ser pasible a sanción” dijo.

El proyecto de ley presentado por Comunidad Ciudadana plantea 5 artículos en los que se aplicaría esta sanción contra el gobernante que vulnere la Constitución y trate de permanecer en el poder.

“Los gobernantes que habiendo accedido democráticamente al poder del Estado utilicen cualquier medio para quedarse en su ejercicio, en contra de los límites y plazos de su mandato constitucional, desconociendo la decisión soberana del pueblo expresada en un referendo o elección, o realizando fraude electoral, perderán su legalidad y legitimidad de origen y ejercicio”.

Las Fuerzas Armadas y la Policía, en este caso deberán defender por todos los medios el derecho de resistencia de los ciudadanos contra la tiranía y la opresión.

Se señala que la sanción será la misma que en delitos de traición a la patria (30 años), además de la cancelación de la personería jurídica del partido político en el que milita el gobernante.