“Consideramos que es una arremetida del Gobierno, en un principio se podría decir que había una primera ola de persecución política contra Jeanine Áñez y sus exministros, luego una segunda ola contra los policías, y ahora parece que hubiera una tercera ola de persecución política en contra de la señora Melisa Ibarra, igual contra el exalcalde Luis Revilla, que están citados a declarar”, indicó el legislador a ANF.

Explicó que en esta tercera ola existe el riesgo de afectar a otros activistas, exalcaldes y exgobernadores de oposición; por lo que partidos políticos, actuales autoridades, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y plataformas deben denunciar esta arremetida con una resistencia en las calles. “Debemos estar en constante alerta porque creo que esta persecución continuará y se masificará”, dijo. 

Agregó que esta persecución política fue diseñada por el Gobierno con el objetivo de “lavar la imagen” del expresidente Evo Morales; planteó que antes de presentarse nuevas demandas debe reestructurarse la justicia y tener jueces y fiscales probos para investigar a los exgobiernos de Jeanine Áñez y de Evo Morales, al igual que al actual Gobierno. 

La reestructuración de la justicia, anunciada por el Gobierno, indicó, debe ser profunda con una nueva forma de elección de autoridades judiciales. Sin embargo, que este trabajo no se realizará porque, en las actuales condiciones, el Gobierno “está logrando su objetivo” de asentar la teoría de un golpe de Estado, que nunca ocurrió. 

“Creemos que el Gobierno debería impulsar de manera seria esta reestructuración, pero en estos tiempos no le conviene hacerlo porque con los actuales jueces y fiscales puede hacer la persecución política y, a través de ellos, pretenden cubrir el escandaloso fraude del 2019 y posicionar la mentira del golpe de Estado, que quieren mostrarlo a nivel internacional”, indicó Astorga.

La semana pasada el Comando de la Policía paceña solicitó a los mandos medios entregar la lista de los uniformados que estuvieron de servicio desde el 6 hasta el 13 de noviembre de 2019, periodo en el que se agudizaron los conflictos sociales poselectorales por las denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre de ese año. 

Asimismo, este lunes, el exalcalde Luis Revilla acudió a una citación de declaración del Ministerio Público por un caso relacionado con su gestión en la Alcaldía paceña.