La decisión de suspender las pruebas piloto para la reactivación del tramo ferroviario Arica-La Paz permite cuestionarse, nuevamente, acerca de la capacidad de gestión del Órgano Ejecutivo.

En efecto, las organizaciones corporativas del transporte pesado impusieron su rechazo a la posibilidad de que Bolivia cuente con un servicio de ferroviario de transporte de carga desde y hacia el puerto de Arica por donde circula, en promedio anual, el 30% de nuestras exportaciones y el 38% de las importaciones.

Cinco días de bloqueo, principalmente, de carreteras interdepartamentales fueron suficientes para que el transporte pesado por carretera imponga su exigencia y el Gobierno decida interrumpir las pruebas técnicas para reactivar la circulación de trenes de carga por la vía férrea que une el puerto de Arica con la ciudad de La Paz, pasando por Oruro.

Las pruebas, ejecutadas por la empresa Ferroviaria Andina S.A. que opera el servicio ferroviario en Bolivia estaban dirigidas al restablecimiento del transporte de carga por ferrocarril entre ese puerto chileno y la sede de gobierno, interrumpido desde hace 16 años.

Es muy probable que esas pruebas hubieran conducido al restablecimiento de ese servicio ferroviario por las ventajas competitivas que este ofrece respecto de su similar por vía carretera. Ventajas, para los exportadores y para los importadores, que para los dueños de camiones de alto tonelaje se traducen en posibles prejuicios, debido al fin de monopolio que detentan

Y, como todo monopolio, el del transporte pesado entre Arica y La Paz, tiene sus efectos negativos sobre los usuarios de ese servicio al no existir alternativas.

Uno de esos efectos negativos es el congestionamiento que afecta, por temporadas, al tráfico portuario en Arica. La ausencia alternativa al transporte por camiones, o sea el ferrocarril, “retrasará las mejoras que podían aplicarse al descongestionamiento portuario en Arica por temporadas, lo que incide directamente en un ahorro al consumidor final y a los exportadores”, afirma el presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana.

Exportadores, importadores, consumidores se privan de mejoras que redundarían en la dinamización de la economía nacional con el consiguiente beneficio colectivo. Pero eso no importa, el transporte pesado bloquea y el Gobierno se somete a sus presiones y opta por la salida fácil e inmediata: acceder a exigencias que apuntan a conservar los privilegios del monopolio que detenta ese sector.

Es evidente que las acciones del Ejecutivo están marcadas por las urgencias, y el bien colectivo parece no ser una de ellas.