El diputado por Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, informó hoy que tiene el "elemento suficiente" para presentar mañana una denuncia formal ante la Contraloría General del Estado sobre incompatibilidad sobreviniente por los casos de Manfred Reyes Villa padre e hijo, además del de Santos Quispe (gobernador de La Paz) y su esposa (asambleísta).

En entrevista con Buena Noche de OPINIÓN, Arce sostuvo que ha ido preparando esta denuncia en base a "diferentes elementos" para realizar mañana (a las 09:00 en La Paz) la presentación de este recurso a la Contraloría y sea esta entidad fiscalizadora la que "tome una decisión. "No debería decirlo, lo hemos estudiado, hemos recabado información, (tenemos) todo lo necesario para presentar una denuncia a la Contraloría para que ellos tomen, revisen y den una decisión. Reitero que es incompatible fiscalice un hijo a un padre, que una esposa fiscalice a su esposo", dijo. 

La autoridad también añadió que, en caso de que la denuncia prospere, deberá haber renuncias. "Soy legislador... Tenemos los elementos par presentar esta denuncia. Si prospera esto uno de ellos va a tener que renunciar", sostuvo, refiriéndose a que, en el caso de los Reyes Villa, el padre o el hijo tendría que renunciar. 

Asimismo, el diputado invitó a debatir a Manfred Reyes Villa hijo para demostrar "la manera en que va a fiscalizar a su padre". 

"Lo invito a debatir al concejal Reyes Villa. Me dice dónde y cuándo, y me va a demostrar si va a poder realizar su trabajo… Quiero que me demuestre. Vamos a revisar cada una de las normas que tiene como concejal... No tiene moral, no tiene ética", añadió. 

En el caso del Proyecto de Ley que presentó el MAS para inhabilitar a hijos y esposas de autoridades electas, Arce manifestó que la intención es que se aplique para el futuro, para las siguientes elecciones que se realicen en el país. 

La bancada cochabambina del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional presentó hoy por la mañana un proyecto de ley que busca inhabilitar a familiares directos de autoridades electas nacionales, departamentales y municipales, que también hayan sido elegidas en cargos.