Aunque hasta la fecha ya revisó más 100 mil fojas de expedientes investigativos, judiciales y periciales,  y recibió los testimonios de más de 360 personas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegó a Bolivia para investigar los hechos de fines de 2019, entregará los resultados de su labor en julio de este año.

Debió hacerlo este mes, pero el Gobierno y la CIDH acordaron prorrogar su mandato por dos meses, en los cuales oficialistas y opositores esperan que los expertos recopilen información suficiente para establecer lo que realmente ocurrió entre septiembre y noviembre de ese año.

La ampliación de mandato fue informada a los medios de comunicación mediante un comunicado de prensa en el que se explica que, desde que comenzó su labor en Bolivia el 23 de noviembre de 2020, “el GIEI desarrolló una intensa agenda de trabajo en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Sacaba, Villa Tunari, Bulo Bulo, Sucre, Santa Cruz, Montero, Potosí, Vila Vila, Challapata, Caracollo y Oruro”.

“El GIEI ha recabado información de una amplia gama de fuentes y de todas las partes interesadas. Queremos agradecer a esas personas e instituciones su apoyo y confianza. Seguimos abiertos a escuchar más testimonios en estos últimos meses de nuestra investigación. Tal y como se declaró al inicio de nuestro mandato en noviembre de 2020, nos comprometemos, como expertos independientes, a ofrecer un relato completo, veraz y equilibrado sobre los acontecimientos ocurridos en entre septiembre y diciembre de 2019”, resaltó Julián Burger, uno de los expertos miembro del GIEI Bolivia.

Políticos del oficialismo y de la oposición expresaron su deseo de que el e   quipo internacional realmente tome en cuenta todas las versiones en su informe.

“Podrá escuchar a todos los que han sido parte de esta persecución. Son miles de personas perseguidas de manera arbitraria y familiares que han quedado con muertos. Tienen que manifestarse también sus testimonios para que estén dentro de este informe que tiene que evacuar en su oportunidad la comisión”, opinó, por ejemplo, el diputado Juanito Angulo, del MAS.

“Las instancias internacionales deberían atender a todas las instituciones o cualquier persona o representante que quiera acudir a una audiencia o que quiera presentar algún tipo de prueba o reclamo. Lo  más importante es saber que todos los hechos se han documentado;  nosotros hemos presentado ante la ONU evidencia real y concreta”, declaró a Unitel el diputado Alejandro Reyes, de CC.