A raíz de un desacertado proyecto de reforma tributaria, que básicamente pretendía subir de manera drástica los impuestos en los servicios básicos y que fue llamado “Ley de solidaridad sustentable” (con crueldad más que con ironía), grandes movilizaciones se desataron en Colombia. El Presidente Iván Duque, acorralado, reculó: dejó sin efecto su proyecto, pero las movilizaciones continuaron. La consigna devino en: ¡Fuera Duque! La respuesta del gobierno fue una feroz represión. Se estima que entre el 28 de abril y el 11 de mayo se produjeron 42 muertos como producto de las masivas protestas (cifras tomadas del informe del Defensor del Pueblo a esta fecha).

La brutalidad policial imperó sin límites en las calles; se conocen denuncias de la participación de paramilitares (civiles armados) que actuaron en Cali, al amparo de las autoridades, causando bajas entre los movilizados. Torturas, desapariciones y violencia desenfrenada son el pan de cada día.

La indignación que ha causado este panorama ha sido total. La ONU ha condenado el “uso excesivo de la fuerza”; así como el gobierno norteamericano, que, a través de su Oficina para Asuntos Americanos, ha denunciado el uso desproporcionado de la fuerza; el papa Francisco expresó su preocupación y pidió orar por el país caribeño. Peter Stano, a nombre de la Unión Europea, se sumó a las voces de reprobación. Inclusive el secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha expresado palabras de condena por los casos de asesinato y tortura (textual) que ejercen las fuerzas del orden en Colombia. Hasta Greta Thunberg, la joven activista ambientalista sueca ha pedido parar la represión. El repudio a la brutalidad policial, a la represión y a la abierta violación de derechos humanos de parte del gobierno de Duque es general y unánime… o casi.

La derecha boliviana en sus distintos matices, que siempre se ha mostrado muy atenta y locuaz frente a la “dictadura” de Maduro y a los gobiernos de Nicaragua y Cuba, ha mantenido un silencio sepulcral. Luis Fernando Camacho, el más rabioso derechista boliviano, parece estar ahora más ocupado en entender de qué trata su flamante cargo de Gobernador de Santa Cruz, luego de iniciales traspiés. 

Jorge Quiroga Ramírez, que se llena de espuma la boca cuando condena la “tiranía” de Maduro, podía re-tweetear a su amigo José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, pero parece que ha decidido darle un descanso largo a su cuenta de Twitter. El “demócrata” Carlos Mesa, la versión más suave de la derecha en nuestro país, ha preferido - cuándo no - mirar a otro lado. Sólo el fantasmagórico Conade ha emitido un comunicado de tibia crítica a los sucesos que acontecen en el país sudamericano, quizás con el afán de diferenciarse de las otras expresiones más duras de la derecha a las que sirvió de furgón de cola en el pasado inmediato.

Esto demuestra que la derecha boliviana no lucha por la democracia ni por los derechos humanos por una cuestión de principio, sino que instrumentaliza ese discurso para sus fines inconfesables. Eso demuestra también que su idea de derechos humanos está ligada a la orientación política de los regímenes: si es de izquierda es condenable; si es de derecha, como el caso de Duque, es justificable. 

Lo que acontece en Colombia no es sólo exceso policial, que por sí mismo es condenable, es terrorismo de Estado, alentado por la versión más extrema de la derecha en la región, pero eso no parece importar a los partidos políticos bolivianos, que en otras ocasiones llegaron a movilizar gente contra la Embajada de Venezuela, por razonas más nimias que las que vive Colombia en la hora actual.

Si esto pasa con Colombia, sería mucho pedir que digan algo sobre el genocidio que está aconteciendo ante nuestros ojos en Palestina, donde los bombardeos de Israel han causado la muerte de 28 civiles, entre ellos 10 niños.

 
Erick San Miguel Rodríguez  es abogado.