Luego de estallar el escándalo por la Sentencia Constitucional 0012/2021 que declara la inconstitucionalidad de los procesos en rebeldía, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendió su página web a la cual no se puede ingresar desde el sábado para consultas sobre las sentencias aprobadas y publicadas.

EL DEBER conoció en Sucre que funcionarios de del TCP adujeron deficiencias en el sistema. El resto de los órganos con sede en Sucre no tienen ningún problema y las páginas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura o la Fiscalía General del Estado (FGE), tienen vigentes sus portales.

El 25 de marzo pasado, el ministro de Justicia, Iván Lima, opinó sobre la sentencia 0012/2021. “Ya no hay juicio en ausencia, sin estar presente la persona no vamos a poder juzgarla hasta que podamos extraditarla, tiene una implicación muy grande”, dijo entonces Lima al matutino La Razón.

Casi dos meses después, el presidente del TCP, Paul Franco a través de los medios en Sucre, negó la existencia de este fallo, el 8 de mayo, y dijo que el mismo seguía en “trámite” y no sería oficial hasta que no se notifique a las partes interesadas.

La acción de inconstitucionalidad abstracta fue promovida por la exdiputada, Norma Piérola, quien presentó el memorial en diciembre de 2019 pidiendo que se declare la inconstitucional de los artículos del Código de Procedimiento Penal, referidos al enjuiciamiento de las personas aún cuando no estén presentes en el juicio.

Este fallo, que fue negado por Paul Franco Zamora, lleva su firma y la de otros cinco de sus colegas, Gonzalo Hurtado Zamorano, René Espada Navia, Georgina Amusquivar Moller, Julia Cornejo Gallardo y Petronilo Flores Condori.

Después de 15 meses que se había presentado la demanda, el TCP hizo público su fallo, pero luego lo negó y ahora suspende su página web para evitar consultas sobre otras demandas. La demandante, dijo que ella fue parte del comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados y recordó que había tres juicios de responsabilidades contra magistrados del TCP por haber cambiado el contenido de sus sentencias y alterado las fechas de publicación.