América Latina había alcanzado o recuperado los valores democráticos en la última década del siglo pasado, ahora, en una actitud incomprensible, crece el número de gobiernos autoritarios establecidos por elecciones, frecuentemente fraudulentas o ilegales. Claro está que si los partidarios de las tiranías no consiguen concitar apoyo de los ciudadanos no vacilan en usar la violencia.

Hace 20 años, ante la existencia de gobiernos no democráticos, la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, y aprobó por unanimidad la Carta Democrática Interamericana. Esta Carta es inobjetable. Precisa los “elementos de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (Art. 3°). La Carta establece también un procedimiento que incluye sanciones colectivas contra los gobiernos que se aparten de los derechos humanos y la institucionalidad democrática.

La OEA pocas veces aplicó la Carta, pese a que hay gobiernos que violan los derechos humanos y la institucionalidad democrática. No lo hizo la primera vez que se producía un hecho antidemocrático, como el golpe de Estado en Venezuela en 2002 porque antes fracasó. Luego no hubo consensos para actuar ante las dictaduras que avanzaban. Esto recuerda la frase atribuida a Alberto Lleras Camargo: “Los organismos internacionales no son, ni más ni menos, lo que sus miembros quieren que sean”.

Hay dos preguntas que surgen ante el retorno de gobiernos populistas: ¿Este compromiso ha servido para prevenir gobiernos que violan los fundamentos de la democracia? ¿Hoy, hay menos posibilidades de que se extienda el movimiento populista? La respuesta es no.

El panorama ha cambiado. Ahora hay gobiernos, que siguen una nueva corriente ideológica llamada socialismo del siglo XXI concebida por Heinz Dieterich Steffan, y otros que impulsan un llamado “proceso de cambio”, que resultó en una involución democrática. En efecto: “…asistimos al avance de populismos nacionalistas extremadamente agresivos, que en gran parte son el resultado de la desintegración política en la región…”, (Fernando Mires, Los 10 peligros de la democracia en América Latina).

Hasta hoy no hay acciones efectivas para conjurar políticas populistas que vulneran las normas a las que se obligaron los miembros de la OEA. Ahora, esa es una característica de los integrantes del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla, o sea impulsar gobiernos antidemocráticos. Ese es el caso de Bolivia, donde vuelve el populismo a avanzar, capturando el poder por medio de elecciones sospechosas de no ser expresión de la mayoría, y copando la Justicia para perseguir opositores.

El autor es exembajador de Bolivia