Muchos ciudadanos y varios abogados han reaccionado frente a esta propuesta inicial de generar, desde la sociedad, una reforma constitucional para transformar la justicia. Todos coinciden en su necesidad y en hacerlo con prescindencia del Estado y del gobierno. Se nota escepticismo respecto a su posibilidad y, especialmente, abogados prestigiosos observan su insuficiencia.

No es fácil ser optimistas en medio de las incertidumbres del corto y mediano plazo. Vamos camino a la tercera ola de la pandemia, con más de 13.400 bolivianos muertos y hemos superado los 330.000 contagios. Hemos concluido un prolongado ciclo electoral, después de la honda crisis de 2019 – 2020, pero no parecen iniciarse nuevas formas de gobierno, nuevas propuestas y renovados liderazgos. Y, claro, en ese escenario, parece poco probable movilizar a la gente en esta tarea de cambiar la justicia, que sí suena necesaria, pero que frente a las otras urgencias apremiantes de la vida diaria no parece prioritaria. Sugiero adoptar un optimismo moderado donde no hay soluciones para todo y ninguna es completa y menos inmediata, pero que el inicio de esas soluciones es plantearse el desafío de su encaramiento, mucho más desde la sociedad y la gente, a partir de ideas, propuestas, de su intercambio y del debate qué es, precisamente, el primer momento de la movilización que, creo, puede convertirse en corriente de opinión y en organización, para culminar en la audacia colectiva de su realización. Mis colegas abogados tienen toda la razón, la idea inicial es insuficiente. Es que, en 100 líneas que generosamente nos publican semanalmente éste y otros medios, apenas se transmite lo central y, por ello son completamente acertados varios criterios que me han hecho llegar juristas connotados, como los siguientes:

Primero. - Que la reforma de justicia no empieza ni acaba con mejores jueces, lo que dije cuando aludí a esa elección como “uno de los componentes de la reforma”. Los otros componentes que también ameritarán una reforma son, sin duda, el presupuesto judicial y su correcta administración, el acceso a la administración de justicia hoy restringido a unos pocos, y la ineficiencia, la retardación y la corrupción de la justicia, emergentes de la carencia de idoneidad personal y profesional de sus operadores. Y el listado no acaba ahí, pero apuntemos a lo medular y sobre eso iremos exponiendo las ideas básicas de la reforma en próximas entregas.

Segundo. - No es suficiente cambiar sólo la forma de elección de los jueces supremos, también se debe cambiar la nominación de los jueces departamentales que, por prescripción constitucional, hoy los designa el Tribunal Supremo y donde, otra vez, interviene la manipulación política.

Tercero. - Hay que cambiar también el número de magistrados y el periodo de funciones, mucho más si la elección será ratificada en referendo. 56 magistrados, entre titulares y suplentes, nos retornarían a esa enorme papeleta indescifrable de las fallidas elecciones de 2011 y 2017. Se plantea 10 años de funciones, cuatro más de los actuales, junto a una renovación parcial a medio término, para sentar líneas de jurisprudencia sólidas.

Cuarto. - Hay dudas sobre la “practicidad” del referendo aprobatorio de la elección parlamentaria, mucho más si las nominaciones no se harían de una sola vez, y se observa sobre la calificación de méritos sino va acompañada de exámenes públicos de oposición y competencias, siendo una incógnita quiénes deben integrar esa comisión de calificación independiente.

Quinto. - Se pone en cuestión la existencia del Tribunal Agroambiental dada su escasa relevancia en estos 10 años y sus colisiones con la justicia indígena originaria, cuya vigencia no se nota, también después de una década.

Seguramente en las próximas semanas aumentarán las “observaciones”, que hay que tomarlas ya como el inicio del debate y como el camino hacia una propuesta más integral y consensuada, sabiendo que la misma tiene que resumirse en cuatro o cinco formulaciones de cambio constitucional muy precisas, sobre las que la población diga SÍ o NO en el momento de las urnas, momento que, necesariamente, deberá anticiparse al segundo semestre de 2023, cuando, si persiste la inercia, la subordinación y la tragedia judicial de hoy, volveremos a “elegir” a “nuevos” jueces supremos replicando las viejas y nuevas lacras del sometimiento judicial, de la miseria presupuestaria, de la promiscuidad de los juzgados, del hacinamiento carcelario y, por lo mismo, seguiremos prolongando la supresión del básico derecho a la justicia que debemos y podemos revertir los bolivianos.

Para los más escépticos, tal vez este camino pueda abrir otros más urgentes.