El grupo de expertos enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno definieron una prórroga de dos meses para continuar la investigación sobre la violencia ocurrida en el país durante la crisis social y política de 2019, que debía finalizar este mes.

La prórroga se concedió debido a las «dificultades que impuso la pandemia» de la covid-19 para realizar la investigación, pero también por la «gran cantidad de material» que el grupo de la CIDH solicitó a diversas entidades que necesitaron plazos para compilar la información, según un comunicado del grupo de expertos difundido este sábado.

El argumento es que la pandemia de la covid-19 ha «restringido la movilidad del grupo y la realización de reuniones con aglomeraciones de personas», pero que aun así el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH adaptó su trabajo para continuar con las indagaciones que comenzaron en noviembre del año pasado.

«Nos comprometemos, como expertos independientes, a ofrecer un relato completo, veraz y equilibrado sobre los acontecimientos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019», expresó Julian Burger, experto miembro del GIEI citado en el boletín.

El informe final del GIEI debía ser presentado a fin de mes, pero ahora el grupo tiene hasta julio para hacer conocer las conclusiones y recomendaciones en temas de «promoción de justicia» y de garantía de la reparación a las víctimas.

Hasta ahora este grupo de expertos «ha recopilado 100.000 fojas de expedientes investigativos y judiciales», entrevistó al menos 360 personas y los expertos mantienen reuniones con distintas organizaciones para realizar la investigación de los hechos acaecidos en la crisis política y social de 2019 tras las elecciones fallidas en Bolivia, según el boletín.

«El GIEI continuará investigando y escuchando a los distintos actores hasta el final de su mandato», señala el comunicado.

Este grupo está conformado por los argentinos Juan Méndez y Patricia Tappatá, el británico Julian Burger, la colombiana Magdalena Correa y el brasileño Marlon Weichert.

El GIEI inició su trabajo en el país el 23 de noviembre del año pasado con la misión de investigar los hechos acontecidos entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019.

La crisis social y política provocó la muerte de unas 37 personas y unos 800 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo.

El GIEI investiga estos sucesos como fruto de un acuerdo firmado en diciembre de 2019 entre la CIDH y el Gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez y la indagación que no tiene la atribución de sancionar debía realizarse en un lapso de seis meses.