- BRÚJULA DIGITAL - Doria Medina anuncia que formalizará su alianza política con el presidente Paz
- EJU TV - Procesarán por falsedad material y uso de instrumento falsificado a partidos que anotaron a militantes sin consentimiento
- Brújula Digital - Democracia enferma - César Rojas Ríos
- VISION 360 - Alto dirigente de los choferes salta a la política y va como candidato a concejal en listas del presidente del Concejo
- Correo del Sur - En Sucre hubo 13 alcaldes en lo que va del siglo XXI
- Correo del Sur - TED Santa Cruz cancela personerías de SOL y ASIP e inhabilita 254 candidaturas
- EJU TV - A solo 19 días de los comicios, con 87 municipios y más de 2 millones de votantes, La Paz no tiene vocales electorales
- Sumando Voces - A solo 19 días de los comicios, con 87 municipios y más de 2 millones de votantes, La Paz no tiene vocales electorales
- UNITEL - Concejo Municipal designa a René Mamani como nuevo alcalde de Potosí
- El Deber - El TED cancela las siglas de SOL y ASIP; 245 candidatos quedan fuera de carrera
Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: jueves 13 de mayo de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
Luego de conocerse el informe de la Procuraduría General del
Estado (PGE) a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
respecto a los sucesos de octubre y noviembre de 2019, la red Unitas defiende
la sucesión constitucional de Jeanine Áñez y advierte que ese documento tiene
una “mirada sesgada de cómo se interpreta un golpe de Estado” y carece de
información completa.
Esa posición fue expresada por Susana Eróstegui, directora de
la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social – UNITAS,
una red de desarrollo y derechos humanos conformada por 20 entidades asociadas
con presencia en áreas rurales y urbanas de Bolivia. Eróstegui advirtió que
este informe llega a obviar una serie de aspectos que no están en la línea del
informe que emitió esta red en 2020, en la que plantea, con una base jurídica
sólida, que en 2019 hubo una sucesión constitucional de Áñez a la Presidencia,
debido a un vacío de poder por las renuncias de altas autoridades del Ejecutivo
y Legislativo.
“Es un informe que nos muestra bastantes elementos de interés
de la propia alto comisionado y lo que vemos, en lugar de estar respondiendo a
esos temas de interés por la solicitud que hacen esas relatorías, se vuelve a
caer en una narrativa de justificación política de una crisis política que
tuvo repercusiones lamentables para toda
la sociedad, por ejemplo esta cuestión del debido proceso ,la propia actuación
policial, las formas en las que se plantea un análisis de ciertos hechos de
violencia y no se pone toda la información completa. En realidad, hay una
respuesta no precisa al requerimiento del Alto Comisionado”, sostuvo.
Eróstegui lamentó que en este informe no se dé una información
a cabalidad, debido a que se interpreta un golpe de Estado, cuando en realidad
hubo una sucesión constitucional después de las renuncias de autoridades, que
fueron escuchadas por todos los bolivianos, que generaron un vacío de poder.
En su criterio, hay dos bases para la crisis política que se
desató en el país. La primera, el incumplimiento del resultado vinculante del
referéndum de febrero de 2016, cuando se dijo No a la relección indefinida de
Evo Morales a la Presidencia, y la falta de independencia de los órganos del
Estado.
“Ante un vacío constitucional corresponde la sucesión que se
ha dado en nuestro país, no de una manera subjetiva, sino basados en criterios
jurídicos normativos que respaldan esa posición, y ahora nos sorprende que desde
una entidad tan importante en la estructura estatal (la PGE) se esté planteando
un informe que está obviando todo esta cuestión que para la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas es fundamental para no caer en una
parcialización o una visión subjetiva de nuestro país”, declaró.
En ese sentido, señaló que el informe de la PGE no responde a
la solicitud del Alto Comisionado e indicó que lo que corresponde es que los
bolivianos, a nivel interno, vayan cerrando esa intención aparente de seguir confrontando
y polarizando al país.
Eróstegui también indicó que hay mecanismos para que la
sociedad civil haga conocer su posición ante las Naciones Unidas, aunque
advirtió que sus argumentos, lejos de acusar, deben estar muy bien argumentados
y sustentados jurídicamente. En este campo, señaló que la Defensoría del Pueblo
es la institución llamada a presentar ese informe que de por sí “contraste” con
ese informe, debido a que se supone que tiene capacidad de elaborar un informe
independiente de los hechos.
“Sin embargo, como la propia Defensoría del Pueblo no ha
tenido esta actuación imparcial y también, a nivel nacional, las otras
instituciones de derechos humanos no están libres de este vínculo partidario,
ello afecta, con seguridad, a la posibilidad de llegar a la verdad”, agregó.
De manera general, lamentó que el país esté inmerso en este
debate, cuando hay necesidades “urgentes” por las que se debe trabajar, como la
lucha contra el coronavirus y el fortalecimiento del sistema de salud,
enfrentar la crisis económica y la ayuda a familias humildes golpeadas por la
pandemia, entre otras.



