La Red Unitas, una organización que aglutina a 20 organizaciones vinculadas al desarrollo y derechos humanos, cuestionó un informe de la Procuraduría General del Estado (PGE) en línea con la narrativa del golpe y lo califica de sesgado e incompleto. Ratifica además la vigencia de un informe que presentaron en el 2020 donde señalan que el 2019 hubo una sucesión constitucional que llevó a Jeanine Añez a la presidencia.

“Se vuelve a caer en una narrativa de justificación política de una crisis política que tuvo  repercusiones lamentables para toda la sociedad”, dijo Susana Eróstegui, directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), al referirse al documento de la PGE. Hizo esta declaración al sitio de noticias Brújula digital.

Añade que el informe remitido por la Procuraduría al Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos no se da una información cabal ya que se interpreta como un golpe de Estado la sucesión constitucional.

“Ante un vacío constitucional corresponde la sucesión que se ha dado en nuestro país, no de una manera subjetiva, sino basados en criterios jurídicos normativos que respaldan esa posición, y ahora nos sorprende que desde una entidad tan importante en la estructura estatal (la PGE) se esté planteando un informe que está obviando todo esta cuestión que para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas es fundamental para no caer en una parcialización o una visión subjetiva de nuestro país”, añade Eróstegui a Brujula.

El miércoles, el diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, anunció que pedirá un informe al procurador Wilfredo Chávez por las tergiversaciones en su informe enviado a la ONU.

“Lamentablemente el procurador no está defendiendo los intereses del Estado y solo está defendiendo a los que hicieron fraude, renunciaron y escaparon el 2019, el señor Chávez sigue siendo un simple peón político”, criticó el legislador opositor.

El relato del golpe de Estado ha sido utilizado para emprender una arremetida judicial contra la exmandataria, sus colaboradores, jefes policiales y militares. Este jueves se cumplen dos meses de la aprehensión de Añez, en medio de dudas sobre la legalidad del proceso, expresada por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo.