Las dos últimas elecciones, la nacional de noviembre 2020 y la de gobiernos subnacionales de marzo-abril 2021, permiten identificar dos tendencias de posicionamiento político que con su desarrollo, configurarán el proceso político boliviano de los próximos cinco años.

Si bien es pronto para detalles definitivos es innegable que se han cristalizado dos grandes tendencias: por un lado la pretensión de retorno del régimen autocrático de corte “evista” y, por otro lado, la demanda ciudadana de una efectiva convivencia democrática.

Las elecciones nacionales 2020 le permitieron al MAS retomar el control de los órganos Ejecutivo y Legislativo, de manera que junto a un Órgano Judicial a su servicio desde antes  le posibilita probar un esquema de persecución política judicializada, a la par de intentar imponer su teoría de que en 2019, hubo golpe de Estado y no fraude electoral.

Pero las elecciones 2021 han representado nuevas derrotas para el oficialismo en seis de nueve gobernaciones y en la mayoría de los municipios de capitales de departamento y El Alto, resultando un fracaso la estrategia de su jefe de campaña Evo Morales.

Con autoridades departamentales y municipales recientemente posesionadas, la tendencia pro democrática apuesta por un contexto político nacional equilibrado, por tanto,  una gestión coordinada entre el gobierno central y los gobiernos autónomoso, para encarar eficazmente las urgencias de la crisis sanitaria, económica y del ámbito educativo.

Sin embargo la tendencia autoritaria del MAS no declina en sus pretensiones de retorno del propio Evo a la presidencia del Estado a breve plazo, sin importar la vigencia del Estado de derecho, la imagen internacional de la actual gestión de Arce Catacora. Prefieren cualquier cosa con tal de someter y, cuando no, eliminar a la oposición pro democrática.

Como parte de ese esquema, no han dudado en cometer desmanes autoritarios a pocos días después de realizarse la votación del 7 de marzo de 2021, cuando procedieron a la indebida detención de la expresidenta Jeanine Añez y de dos de sus ministros, bajo el cargo de una inventada participación en el presunto golpe de Estado de 2019.

A la par de ello, sus planes de conspiración contra la gobernabilidad de sus adversarios hoy alcaldes o gobernadores se han puesto en marcha con antelación, de manera que la ansiada convivencia pacífica y democrática definitivamente, una vez más, se muestra amenazada.

Si bien esos atropellos tienen por respuesta un creciente rechazo o cuestionamiento ciudadano, aún no resulta suficiente para constituir un freno efectivo en el ámbito interno. Lo que, sin duda, es un aspecto aún motivo de análisis y reflexión para más adelante.

En el contexto internacional, el plan de retorno del evismo busca mostrarse con un significativo apoyo latinoamericano, mediante la condescendencia o apoyo implícito del Grupo de Puebla, o mediante el surgimiento de un bloque similar denominado Runasur.

Pero, una vez más, ese intento resultó contrarrestado por el posicionamiento crítico de uno de polos políticos internacionales muy importante, como es el caso de la Unión Europea.

La reciente declaración aprobada por el Parlamento Europeo es elocuente en cuanto a censurar la persecución política en el país, es categórica en exigir la liberación de la expresidente y sus ministros, así como en exhortar a realizar reformas en el Código Penal en relación a la tipificación de los delitos de conspiración, terrorismo y sedición.

El esquema evista podrá intentar evadir tal posicionamiento del Parlamento Europeo, pero es improbable que logré cambiar el estatus de detenidos políticos de la expresidenta Añez y dos de sus ministros, por tanto el carácter del régimen actual de autoritario y despótico.

Con todo ello estamos en un escenario complejo, cuasi empantanado, pero es posible avizorar perspectivas importantes para las fuerzas democráticas en el país.

La primera de esas perspectivas favorables es que el pronunciamiento del Parlamento Europeo facilita, en sumo grado, el que en el ámbito internacional se conozca y comprenda el carácter el actual régimen de gobierno.

La segunda perspectiva favorable radica en que, pese a las dificultades que puedan confrontar las autoridades pro democráticas de gobiernos autónomos en el país, es factible unir la opinión ciudadana a favor de una gestión pública alternativa, ojalá lo más exitosa posible, frente al oficialismo.

La tercera perspectiva interesante es que, en la base social pro democrática se ha gestado como importante paradigma de éxito en la lucha contra el régimen autoritario: la unidad.

Crece la consciencia sobre la necesidad de aquella unidad que no se supo gestar en fondo y forma para librar batallas decisivas y con efectos de largo plazo en las elecciones de 2019 y de 2020.

En el transcurrir del tiempo la idea de una oposición no sólo no dispersa, sino aglutinada orgánicamente, irá cobrando aún más fuerza. Y cuando se habla de una oposición orgánica no debe pensarse en que deje de ser plural la concurrencia de fuerzas en la unidad, sino más bien una alegoría material de la consigna de unidad en la diversidad, con un solo propósito: transitar hacia una democracia que brinde garantías para las libertades y los derechos humanos en sus múltiples aspectos.

Gonzalo Rodríguez Amurrio es abogado, exdirigente obrero y uno de los promotores de Línea Democrática.