Un Auto Supremo de rechazo a la demanda de nulidad de la sentencia de reelección indefinida con fecha de hace más de un año,  y la negación de la existencia de una  sentencia que declara inconstitucional los juicios en rebeldía encienden las alarmas sobre el accionar del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y juristas alertan que se manipulan  los fallos.

La presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Silvia Padilla, señaló que permanentemente se reciben denuncias de notificaciones irregulares e indica que  en algunos casos se advierte influencia política.

El 22 de diciembre de 2019, un grupo de nueve abogados presentó un memorial al TCP en el que demandaba la nulidad de la sentencia 0084/2017, que dio vía libre a la reelección indefinida; 11 meses después, el 14 de octubre de 2020, se interpuso un recurso de Amparo Constitucional, debido a la retardación de una respuesta. Los demandantes denunciaron que un día antes de la audiencia para resolver ese Amparo, fijada para el 21 de abril de este año, apareció un auto supremo que rechazaba su demanda inicial, pero que éste tenía fecha del 24 de diciembre de 2019.

“Esto nos ha llevado a una preocupación muy profunda,  ya no sólo de carácter procesal frente a una posible e inocultable retardación de justicia. La preocupación nuestra, de los abogados, ha sido de que se trata de una falsedad ideológica de parte del Tribunal Constitucional en la fijación de fecha. Esto es grave, porque ya no estamos frente a una reiterada retardación de justicia, típica en todos los niveles judiciales, sino ante lo que puede ser un acto delictivo de falsedad de la fecha en la que supuestamente se dictó el fallo”, contó el abogado Juan del Granado.

El jurista afirmó que durante 17 meses el abogado Arturo Yáñez estuvo yendo a las oficinas del TCP por una respuesta y nunca se tuvo conocimiento de ninguna resolución, por lo que,  en su opinión,   en la cúpula de la justicia constitucional se estarían cometiendo “ilegalidades”.

En otro caso, llamó la atención que el presidente del TCP, Paul Franco, negara la existencia de la sentencia 0012/ 2021 que declara inconstitucionales los procesos o juicios en rebeldía, cuando el  ministro de Justicia, Iván Lima, la dio a conocer y señaló que esto implicaba que no se podría juzgar a los exministros Arturo Murillo y Fernando López.

“El Tribunal Constitucional Plurinacional ha declarado inconstitucional el juicio en rebeldía, ya no hay más juicio en rebeldía ni en ausencia (...)  Que no haya juicio en ausencia, sin estar presente la persona, puede tener un impacto político para (Arturo) Murillo. No vamos a poder juzgarlo hasta que no sea extraditado, o con el exministro de Defensa”, dijo Lima el 29 de marzo, en entrevista con La Razón.

Luego de más de un mes, el 8 de mayo, el presidente del TCP sostuvo que dicha sentencia no existía. “No existe nada por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional que hubiera determinado algo sobre los juicios en rebeldía”, dijo Franco, quien agregó que  esa causa sigue en trámite en el TCP.

“Es terrible para el sistema de justicia lo que está pasando. El Ministro de Justicia, en marzo, informó oficialmente que hubo esa sentencia, da el número, da la fecha, el resultado, no hay dónde perderse (...).  Lo raro es que la sentencia empieza a circular con las firmas de los magistrados y las rúbricas en cada página, pero después el presidente del TCP dice que el tema sigue en discusión”, manifestó al respecto Arturo Yáñez,  expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia.

Indicó que en ese actuar se observa un manejo de  parte de los magistrados del  TCP “poco serio, poco transparente y poco responsable”. Yáñez a su vez señaló que cuando presidió el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia  frecuentemente se recibían denuncias de sentencias con “fechas falsas” y  “notificaciones desaparecidas”.

  “Con autorización del directorio del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia envié una nota el año pasado reclamando toda esa situación, incluyendo que la página web sólo presenta información parcial, ya no muestra todo lo que ocurre y peor de manera oportuna. Nunca han respondido,  que yo sepa. Es terrible lo que sucede ahí adentro, es una falta de transparencia terrible y esta sentencia es una prueba, pero no es la única”, dijo.

En la misma línea, la actual presidenta de ese Colegio, Silvia Padilla, indicó que permanentemente se reciben este tipo de denuncias . “Mucho se ha dicho en estos días respecto precisamente a las irregularidades con las notificaciones que suceden en el TCP, que aparecen sentencias del año pasado, que cuando uno hace seguimiento, no salían y de repente aparece uno notificado el año 2019 y eso se ha vuelto recurrente”, manifestó.

Asimismo, señaló se que ve una influencia política  en las instancias judiciales. “Esto es muy notorio, independientemente de que se aceptan o no las posturas de nosotros abogados es cierto, existe influencia política, existió durante el período de Evo Morales, existió durante el gobierno de Jeanine Añez y está existiendo también ahora y eso es lamentable”, subrayó Padilla.

Para la jefa de bancada de CC en el Senado, Andrea Barrientos, el TCP actúa de manera política y ahora cambia de postura en sintonía con el oficialismo.

“Es alarmante que el Tribunal Constitucional responda al Movimiento Al Socialismo y que no exista independencia de poderes, que se manosee la justicia en todos sus niveles y un órgano como el Tribunal Constitucional debe ser altamente independiente”, expresó.

En respuesta,  el viceministro de Justicia, Jorge Silva, rechazó que el poder judicial esté subordinado al actual Gobierno y enfatizó como ejemplo la contradicción que hace el presidente del TCP al Ministro de Justicia.

“Yo no creo que esta administración de justicia esté subordinada al Gobierno, por este comportamiento y por esta conducta que nos demuestran en este tipo de acciones. Si se sabe que hay una sentencia con número sobre este tema de la rebeldía y que después den un paso al costado simplemente porque el Ministro de Justicia se anticipa, significa que hay diferencias”, indicó.

No obstante, la autoridad señaló que la politización de la justicia quedó en evidencia con el gobierno anterior. “Cuando sucedió el golpe de Estado, al día siguiente los administradores de justicia se han puesto al servicio del poder político de facto. No hubo cambio de personas, ellos cambiaron su conducta. Es un tema que lo cuestiona la población y por eso fustiga sobre la credibilidad en la administración de justicia”, expresó.

Reforma  judicial pendiente

Iniciativa  El 3 de diciembre de 2020, el ministro de Justicia Iván Lima presentó a una  comisión de nueve juristas de alto nivel como el equipo de asesoramiento para encarar la reforma judicial. Entonces se planteó la posibilidad de un referendo constitucional junto a las subnacionales, pero   la transformación de la justicia por esa vía fue descartada el 14 de diciembre de 2020.

Pausa   El 18 de enero de 2021, el Ministro de Justicia  señaló que la reforma judicial quedó en pausa debido a que el Gobierno debía priorizar la atención de salud ante el  rebrote de la Covid-19,

Propuesta  El 12 de mayo el abogado Juan del Granado planteó activar la reforma judicial a través de una iniciativa ciudadana de reforma de la Constitución.