El proyecto de ley planteado por el oficialismo que busca responsabilizar a los efectivos de la Policía Boliviana por afectar al Gobierno electo con medidas de presión que pretende defender los legítimos derechos de los policías fue calificado de “absurdo” ya que se busca amordazar a la fuerza del orden interno, cuestionó el coronel en retiro René Calla.

“Es un absurdo de los representantes del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa, parecería que en vez de unificar están buscando amordazar a la Policía, es revanchismo. ¿Qué va a pasar con los policías que reclamen por la falta de equipamiento para trabajar o por sus condiciones mínimas de vida?”, declaró Calla, miembro del Centro de Generales, Jefes y Oficiales del servicio pasivo policial.

El diputado Anyelo Céspedes Miranda (MAS) plantea modificaciones al numeral 10 del artículo 14 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Bolivia, incluyendo que el retiro o baja definitiva deba extenderse por las acciones de protesta policial que deriven en la vulnerabilidad de las instituciones estatales, así como del Gobierno legalmente constituido.

En criterio del coronel en retiro, el proyecto de modificación a la Ley 101/2011 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, es resultado de un “mal asesoramiento legal” que, más bien, vulnera los derechos de los policías que están protegidos por la Constitución Política del Estado (CPE).

Los argumentos que motivan a Céspedes a presentar el proyecto de ley señala: “Los sucesos ocurridos el año 2019 donde los policías de La Paz se sumaron a la protesta iniciada por unidades de otras ciudades y se replegaron dejando a la sede de gobierno y Legislativo sin protección y la caída del presidente Evo Morales Ayma”.

“Se modifica el numeral 10 del artículo 14 de la Ley Nº101 del 4 de abril de 2011, ´Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana´ con el siguiente texto: Instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio como actos de protestas o medidas de presión y que producto de los mismos se interrumpa el gobierno legalmente y democráticamente constituido dejando en estado vulnerable a las Instituciones del Estado”, se lee en el documento de modificación propuesto por el diputado Céspedes.

Al respecto, Calla señaló la nociva existencia de un “pro y en contra del oficialismo”, que debe ser erradicado de la Policía y retornar al orden institucional que ha sido vulnerado por la injerencia del poder político.

“Los policías solo cumplimos la CPE. Desde los anteriores gobiernos lo que se ha hecho es romper la cadena de mando natural que tenemos los policías. Si no se actúa en cierta línea inmediatamente ponen a otro en reemplazo para que ese otro haga lo que le dicen”, fustigó Calla.

En criterio del oficial en retiro, uno de los efectos de la vulneración a la cadena de mando debido a la injerencia política tiene que ver con el Comando General asignado a coroneles, con carácter interino por más de tres meses y que, además, no son los primeros con los méritos de calificación para el ascenso al generalato.

“Por aspectos políticos han roto la cadena de mando. Tenemos comandantes generales que no son los primeros de su promoción, cuando deberían ser los mejores. El mismo Gobierno está yendo contra las disposiciones legales con los interinatos a cargo de coroneles por más de tres meses”, puntualizó.

PETICIÓN DE INFOME

Por otra parte, a fin de esclarecer las denuncias de persecución política y sanciones disciplinarias contra efectivos policiales por una supuesta participación política en los conflictos de octubre y noviembre de 2019, el diputado Enrique Urquidi Daza (Comunidad Ciudadana – CC) extendió una petición de informe al Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“Desde hace bastante tiempo atrás los bolivianos hemos conocido públicamente que el Gobierno está buscando vulnerar la institucionalidad de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas como instituciones fundamentales del Estado reconocidas en la Constitución Política del Estado, con el único fin de instrumentalizarlas buscando que los bolivianos olvidemos y dejemos de lado el fraude electoral de octubre de 2019”, señala un documento emitido por el legislador de oposición.

PROCESADO POR

CASO MOTIN

Entretanto, el exdirector Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Iván Rojas, en funciones durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez, fue notificado por la Fiscalía Policial con un proceso en el orden disciplinario policial por el caso motín de octubre de 2019, según reportó Erbol.

El abogado Alberto Morales, que patrocina a Rojas, dijo que en la acusación a su defendido se le atribuye la comisión de faltas muy graves cuya sanción sería la baja definitiva, por hechos referidos al motín de 2019.

Morales negó que su cliente haya participado en los hechos de 2019 y denunció que la Fiscalía Policial está acusando a Rojas bajo el argumento de que fue designado jefe de la Felcc como un “premio”, pero no existe evidencia que respalde esa teoría.

“No ha participado en ningún motín, no ha tenido manifestación ni en favor ni en contra de lo que se denominaba el fraude electoral, tampoco declaración a favor o en contra de los ‘pititas’ o de la gente del MAS que estaba movilizada”, precisó.

Morales consideró que con estas acciones se está buscando un escarmiento contra quienes se revelen por actos abusivos del poder.