La pasada semana, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reveló, según Erbol, que el proceso contra el expresidente Evo Morales por el caso audio pasó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se debe definir si se aprueba o no un juicio de responsabilidades.  

Al respecto, el diputado del MAS, Juanito Angulo, adelantó que no corresponde la autorización de juicio de responsabilidades y que, al contrario, Morales es “víctima de delitos, de vulneraciones de derechos”.

Juristas y políticos consultados por Página Siete consideran que la estrategia del oficialismo apunta a liberar a Evo Morales de la causa a través del trámite de un “caso de corte” para archivar la causa.

“El caso iba a prosperar por la vía ordinaria, sin embargo, el proceso dio un viraje. Ahora argumentan que sería un juicio de responsabilidades, lo que significa que Morales no sería enjuiciado, porque en el Parlamento el MAS tiene mayoría y es imposible que lo aprueben”, indicó a Página Siete el exejecutivo de la COR El Alto y abogado aymara, Roberto de la Cruz.

Por su parte, la jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, también consultada por Página Siete señaló que el caso pasó a la ALP para que se empantane.

“Este caso lo han pasado al Parlamento porque saben que ahí no vamos a poder tener chance de tener los dos tercios, para poder generar consensos. Entonces es una forma de anularlo, desviándolo hacia un juicio de responsabilidades en vez de encausarlo por la justicia ordinaria”, manifestó Rek.

En tanto, el caso de la presidenta Jeanine Áñez por el caso del presunto “golpe de Estado” se realiza por la vía ordinaria. Mientras que los críticos del MAS consideran que el caso debería ir por un juicio de responsabilidades.

“Al no contar con una justicia que pueda realmente tener todos estos elementos que te permitan hablar de una independencia, de una probidad y de que no esté sometida al Gobierno estas son las incongruencias: procedimentalmente unas exautoridades pueden estar procesadas ordinariamente, otras gozarían de un juicio de privilegio”, indicó a Página Siete el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedraza.

El caso denominado audio se refiere a una grabación, correspondiente a noviembre de 2019, en la que aparentemente se escucha a Morales ordenar al dirigente Faustino Yucra, mediante teléfono, que cerque ciudades y las deje sin alimentos en el marco del conflicto poselectoral.