La diputada Romina Pérez (MAS) dijo que uno de los principales desafíos de la Comisión es modificar el Reglamento de Ética para que los hechos de violencia y acoso político contra las legisladoras sean sancionadas. La norma actual no contempla este tipo de acciones.

A la vez, Pérez informó que esta unidad no solo se restringirá a recibir denuncias de las legisladoras, las concejalas o mujeres en ejercicio de sus funciones en organizaciones políticas también podrán presentar sus demandas y pedir que sean investigadas

“En ese sentido habrá tres líneas de acción: la atención de las denuncias, la modificación del Reglamento de Ética de Diputados y otros normas que ya estén caducadas y hacer una sistemática comparada de la Ley (243) que sanciona estas arbitrariedades”, dijo la diputada que es parte de esa Comisión.

La instancia legislativa está integrada por las diputadas Romina Guadalupe Pérez Ramos, Lidia Patty Mullisaca e Isabel Jaqueline Miranda Alánez del Movimiento al Socialismo (MAS), Ana Jimena Costa Benavides de UD y Gina María Torres Saracho, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

REVISIÓN

La legisladora dijo que la Comisión también se encargará de hacer una revisión de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política a las mujeres, promulgada el 28 de mayo de 2012, advirtió que existen algunas observaciones a la norma y que si es necesario se modificarán algunos artículos.

“Vamos a tratar de enriquecer la norma, tenemos que hacer una evaluación de todos los años de vigencia de la Ley para identificar las falencias y en base a eso se pueda plantear alguna modificación y adecuar otros artículos, eso va a salir a partir de un análisis que hará la comisión”, puntualizó.

DENUNCIAS

En las últimas semanas se incrementaron las denuncias de concejalas, la mayor parte de municipios del área rural, que son víctimas de violencia por parte de sus pares. Según registro de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) registraron 70 casos en lo que va del presente año.

22 denuncias en el departamento de La Paz; tres, en Oruro; 16, en Potosí; 10, en Cochabamba; 14, en Santa Cruz; dos, en Beni, y tres, en Pando. La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, indicó que las dos últimas denuncias que recibió su despacho corresponden a Curahuara de Carangas, en Oruro.

La norma establece que todos los niveles del Estado están en la obligación de tener en su reglamento interno una sección contra el acoso, además prevé que toda autoridad que conozca de estos casos tiene la obligación de denunciar ante autoridad competente, bajo pena de sanción.

DIVISIÓN

Las legisladoras de oposición están divididas en torno a este tema, la diputada de Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares dijo que esta Comisión no tiene la finalidad de luchar contra los hechos de violencia política, la estrategia es perseguir políticamente a sus colegas que fueron denunciados sin fundamento por Ximena Costa y Fernanda San Martin.

“Esta comisión no tiene un verdadero interés de luchar contra la violencia política, más bien tiene la intencionalidad de dañar la imagen de algunos diputados de oposición y esto va a permitir una persecución estratégica del MAS contra con nuestros compañeros”, sostuvo.

Pérez lamentó que sus colegas defiendan los casos de acoso político y advirtió que ellas incurren con mayor incidencia en estas acciones en contra de sus propias compañeras de bancada.