En vista de que la reforma judicial anunciada por el Ejecutivo, vía modificación  parcial de la CPE con una ley, quedó desahuciada, empezaron a surgir propuestas de llevarla adelante a través de otras sendas. El jurista Juan Del Granado propuso  que se impulse una reforma al sistema judicial mediante una iniciativa ciudadana, mientras que el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé planteó  que “la voluntad soberana y constituyente de la gente puede iniciarla”.

Del Granado afirmó que la participación activa de la población,  con un respaldo Legislativo, puede abrir paso a una reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) para modificar, en principio, la manera de elegir a los magistrados y jueces del Órgano Judicial.

“Se está proponiendo que se lleve adelante una iniciativa ciudadana de reforma de la Constitución para encarar los principales problemas de la justicia que tiene que ver con la CPE”, propuso  Del Granado en declaraciones a Página Siete.

El parágrafo II del artículo 411 de la CPE establece que la reforma parcial a la Constitución podrá iniciarse también por iniciativa popular  con las firmas de al menos el 20% del electorado. “Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio”, se añade en la norma constitucional.

En tanto, el expresidente Rodríguez Veltzé,  a través de su cuenta de Twitter, observó el domingo que “la justicia accesible e imparcial sigue ausente y su reforma no debe postergarse ni improvisarse indefinidamente, más aún si es imprescindible para la reconciliación”.

En esa línea expuso una iniciativa similar a la de Del Granado. “La voluntad soberana y constituyente de la gente puede iniciarla”, indicó.

Rodríguez Veltzé formó parte de la comisión de asesoramiento al Ministerio de Justicia para encarar una  reforma judicial. El grupo de expertos se reunió una sola vez, el 3 de diciembre de 2020, cuando el equipo fue presentado a la población por el ministro de Justicia, Iván Lima.

El plan era elaborar un proyecto de ley de reforma constitucional como un inicio de la reforma judicial.

Se preveía enviar dicho proyecto a la Asamblea Legislativa  Plurinacional para su tratamiento y aprobación. Se apuntaba a que el eventual  referendo aprobatorio se realice el 7 de marzo, junto a la votación de las  subnacionales. Sin embargo, la iniciativa encontró cuestionamientos  en el mismo MAS, puesto que algunos legisladores criticaron la forma en cómo se estaba encarando y  exigieron la participación  de representantes de  las organizaciones sociales.

El 3 de febrero, Rodríguez Veltzé, que era el “vocero”  de la comisión, indicó que prefirió hacerse a un lado del equipo.

Para Del Granado, el primer paso de un cambio sustancial en  la justicia en Bolivia es la realización del referendo constitucional para modificar la forma de elegir jueves y magistrados.

La propuesta de modificación apunta a  que la selección de postulantes al Órgano Judicial esté a cargo de una comisión nacional independiente de personalidades e instituciones, que elijan a los postulantes con base en sus méritos personales, a su idoneidad profesional y a su experiencia.

Una vez cumplido ese paso, le tocaría el turno de la Asamblea Legislativa,  que procedería a elegir a las nuevas autoridades de la lista de seleccionados por la comisión independiente. Posteriormente,  esas autoridades electas serían sometidas a la aprobación del voto popular mediante referendo ratificatorio.

“Una combinación, sí efectivamente la Asamblea Legislativa elige en base a una lista que elabora una comisión independiente y esos magistrados supremos para ejercer como tales se someten a un referéndum ratificatorio donde participa el voto popular”, planteó Del Granado.

El ministro Lima, conocedor de la propuesta de Del Granado, escribió en su cuenta de Twitter que en 2019 estaba de acuerdo  con esa iniciativa, pero ahora observa la idea por la cantidad de magistrados y consejeros que serían sometidos a referendo.

“Pensaba igual  el  2019: ‘Esos magistrados electos son sometidos a referendo aprobatorio mediante sufragio universal’.  La  principal  objeción a  la  ratificación es que van a voto entre  26  y 52  magistrados y  consejeros”, escribió Lima.