La polémica entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y la oposición en torno a la crisis social y política que vivió el país en 2019 se mantiene dos meses después del encarcelamiento de la expresidenta interina Jeanine Áñez investigada por esos sucesos.

Áñez y dos de sus exministros están en prisión desde marzo pasado por el caso llamado «golpe de Estado», que se inició a instancias de una denuncia de una exparlamentaria del MAS sobre la crisis de 2019.

El Gobierno de Luis Arce ha presentado ante la Fiscalía cuatro «proposiciones acusatorias» contra la exmandataria transitoria por acciones que asumió durante su Gobierno y que podrían derivar en juicios de responsabilidades ante el Parlamento.

A estos procesos se suma otro iniciado por el titular del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, acusándola de haber asumido de forma supuestamente irregular la presidencia del Senado en 2019, un caso que la Fiscalía admitió recientemente.

Las polémicas por la salud de la exmandataria han sido constantes, ya que por un lado su familia ha denunciado varias veces las trabas que deben enfrentar sus médicos para asistirla en prisión por los problemas de hipertensión que padece y una enfermedad renal por la cual se pidió nuevamente su traslado a una clínica, lo que no se dio.

Por contra, el oficialismo y el Gobierno de Luis Arce rechazan estas denuncias y aseguran que la expresidenta goza de supuestos privilegios en prisión.

El mismo presidente Arce aseguró en una reciente entrevista con los medios estatales que hay una «doble moral» y una «posición de victimización» porque fueron las autoridades del Gobierno transitorio quienes «violaron los derechos humanos y los debidos procesos», además de abusar «del poder».

Arce sostuvo que su Gobierno «ha respetado el debido proceso, los derechos humanos» y que incluso algunos les han dicho que «ya parecen privilegios en lugar de respeto de derechos humanos».

El mandatario manifestó que su Administración ha tratado de mostrar que se le debe «tratar como gente pese a lo que haya hecho, merece un juicio responsable, que se respeten los debidos procesos, que se defienda», aunque insistió en pedir «que no se victimicen».

El diputado de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón dijo a Efe que en este caso específico Áñez es una «presa política» que es usada por el MAS como «trofeo de guerra» y que ella, sus exministros y los oficiales militares y policiales incluidos en el proceso deberían ser liberados porque el proceso «es una aberración jurídica».

Para Alarcón, el nuevo proceso en su contra tiene como objetivo lograr otra detención preventiva para mantener a la expresidenta en prisión.

«Este es el nivel de iniquidad al que está llegando el sistema de Fiscalía y de justicia penal y que prácticamente nos pone a todos como se decía antes en épocas de la dictadura con el testamento bajo el brazo», lamentó Alarcón.

¿Sucesión o golpe?

A Jeanine Áñez se le acusa de «sedición y terrorismo» por la crisis de 2019 que para el MAS fue un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.

Morales renunció a la Presidencia el 10 de noviembre de 2019 denunciando que fue forzado por un supuesto golpe de Estado, en medio de protestas ciudadanas y denuncias de un presunto fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de octubre de ese año, luego anulados.

Bolivia estuvo sumida en un vacío de poder durante dos días, ya que con Morales también renunciaron todos los que constitucionalmente podían sucederle, hasta que Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, asumió la Presidencia interina tras activar un mecanismo de sucesión que contó con el visto bueno del Tribunal Constitucional.

La polémica sobre la crisis de 2019 se ha reavivado tras conocerse un informe enviado por el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que el funcionario insiste en que hubo un «golpe de Estado» y no una sucesión constitucional.

En el citado informe, Chávez, que fue abogado de Evo Morales, niega las renuncias de quienes podían suceder al exmandatario por lo que, a su juicio, no hubo una «vacancia en el poder».

Alarcón consideró que ese informe «es un acto meramente privado, excediendo y abusando funciones del procurador», por lo que no debería tener «valor de Estado» ni considerarse oficial.

«La Procuraduría General del Estado tiene como única misión constitucional proteger no los intereses de un exgobernante, sino los intereses del propio Estado y del país cuando tiene que enfrentar litigios económicos tanto en el ámbito internacional como el interno», sostuvo.