El informe presentado por la Procuraduría General del Estado (PGE) a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre la crisis política y social que vivió el país desde las elecciones generales de octubre de 2019, sostiene que los medios de comunicación tuvieron un protagonismo en el supuesto “golpe de Estado” que maneja el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según este reporte, los medios de comunicación privada, no específica qué medios, generaron “información sesgada, incompleta o por último, omitieron informar en el marco de la veracidad”.

En otra parte, asevera que quienes promovieron el “golpe de Estado” generaron un escenario de descontento social, “utilizando medios de comunicación privada para desinformar a la población”.

Este informe ha sido rechazado y cuestionado por opositores al MAS y varios analistas, por “tergiversar” los hechos de 2019 y omitir todos aquellos sucesos que van contra la narrativa de “golpe de Estado” que intenta imponer el gobierno de Luis Arce.

En septiembre de 2020, la Oacnudh y la subdivisión de Procedimientos Especiales requirieron al Estado de Bolivia información específica sobre lo acontecido en la crisis de octubre 2019. Entre los nueve puntos requeridos están la información sobre procesos contra 150 exfuncionarios (Gobierno de Morales), datos sobre investigaciones, protección de víctimas y operaciones conjuntas militares y fuerzas policiales.

El informe de la Procuraduría concluye que “Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional como consecuencia de un golpe de Estado”.

Y que el “golpe de Estado” fue organizado, planificado y ejecutado por los comités cívicos a la cabeza de Fernando Camacho, por policías, militares y la Iglesia católica.

El papel de los medios

En ese informe, la PGE hace mención en diferentes partes a los medios de comunicación privados y los cataloga como protagonistas del presunto “golpe de Estado”.

En los puntos 34 y 35 del informe, la Procuraduría hace referencia a los “cabildos” que se desarrollaron en diferentes ciudades “organizados por sectores privados” y señala que éstos eran “totalmente ilegales” puesto que no siguieron los procedimientos establecidos en la Ley 026, es decir, pedir el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que sus decisiones no son de carácter vinculante.

“De esta forma, es evidente que existió una organización previa entre líderes cívicos, representados por Luis Fernando Camacho, la Policía y las Fuerzas Armadas, para ejecutar el plan de desestabilización del orden constitucional que llevaría a la consumación del golpe de Estado, hecho en el que los medios de comunicación tuvieron su protagonismo por generar información sesgada, incompleta o, por último, omitir informar en el marco de la veracidad”, señala el documento en el punto 35.

Estos criterios van en la línea del discurso manejado por el expresidente Evo Morales, desde su exilio, de que los medios son “sus enemigos número uno” y “son cómplices del golpe de Estado”.

El día “D”

En el punto 51, después de hacer relación sobre la renuncia de Morales y otras exautoridades, la instalación del diálogo concertado por la Unión Europea, la Embajada de España, la Iglesia católica y actores políticos de oposición y el MAS, señala que los “medios de comunicación” desinformaron a la población en el presunto “golpe de Estado”.

Asimismo, dice que ejercieron presión y hostigamiento a quienes estaban en la línea de sucesión constitucional, para que renuncien y de esa forma forzar para que Jeanine Áñez Chávez asuma la Presidencia del Estado”.

El informe, de 40 páginas, con 120 puntos y cuatro conclusiones, presenta los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019 para sustentar su conclusión de que hubo “ruptura del orden constitucional con un periodo de represión y persecución política”.

“La OEA reforzó la idea de fraude”

De acuerdo con el documento de la Procuraduría General del Estado, enviado a las Naciones Unidas, en Bolivia se consumó el “golpe de Estado que había sido denunciado (…) hecho que se promovió bajo la narrativa del supuesto fraude electoral, discurso que cobró más fuerza con el Informe preliminar de la OEA”.

Asimismo, señala que este informe de la OEA fue cuestionado y desbaratado por diferentes instancias internacionales y que transcurrido más de un año no se logró demostrar objetivamente el supuesto fraude electoral, que desencadenó las movilizaciones sociales y la salida de Morales del Gobierno.

Piden informe al Procurador

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Beto Astorga solicitó una petición de informe escrito al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, para que explique con pruebas las afirmaciones que hace en el informe remitido a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Según Astorga, la Procuraduría prioriza en ese informe la defensa del expresidente Evo Morales y su entorno, y no así los intereses del país.

“Nosotros consideramos que este informe es totalmente erróneo, ya que está subestimando la inteligencia y memoria de todos los bolivianos (…). Creemos que el Procurador, en vez de estar defendiendo los intereses del Estado, está defendiendo a los que hicieron fraude a los que renunciaron y escaparon en 2019”, manifestó Astorga, según la agencia ANF.

El legislador demandó al Procurador informar y presentar pruebas sobre los motivos que le llevan a afirmar por ejemplo que el exvicepresidente García Linera fue “forzado” a presentar su renuncia en 2019.

Asimismo, solicitó a Chávez explicar con pruebas por qué afirma que no existe registro alguno de las renuncias de la entonces presidenta del Senado Adriana Salvatierra y del presidente de Diputados Víctor Borda, cuando todos los bolivianos saben que estas autoridades renunciaron de forma “pública y voluntaria”.

Además, pidió una explicación de por qué asevera que existió promotores del “golpe de Estado” en 2019.

Para Astorga, Chávez es un “peón político” de Evo Morales y está haciendo quedar mal al país al remitir informes “falsos” a distintos organismos.

Coimbra dice que el MAS no presentó una sola prueba

El exministro de Justicia Álvaro Coimbra afirma que en todo el tiempo en que está detenido preventivamente en San Pedro, el Movimiento Al Socialismo (MAS) no presentó ninguna prueba por los delitos por los que se lo acusa y tilda a la justicia de “corrupta y vendida”.

“Terrorismo, sedición y conspiración son los delitos por los cuales hace 60 días estoy ilegalmente preso junto a Jeanine Áñez y Rodrigo Guzmán. El MAS no ha presentado una sola prueba; sin embargo, la justicia corrupta y vendida se presta a su juego”, señala el mensaje difundido ayer por el exministro en su cuenta de Twitter.

Según se aclara, el tuit fue publicado por el equipo de Comunicación del exministro de Justicia de Jeanine Áñez.

“Nada va a cambiar la verdad: en Bolivia, en 2019, hubo fraude. Todos los que hoy comenten delitos, violando nuestros derechos humanos, más adelante serán juzgados. Espero estén preparados”, reza la segunda parte del mensaje. Coimbra, al igual que la expresidenta Áñez y el exministro de Energía Rodrigo Guzmán, está detenido preventivamente, mientras son investigados por el caso denominado golpe de Estado y se los acusa por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración cuando asumieron el mando del país de manera transitoria.