El informe elaborado por la Procuraduría General del Estado para el Alto Comisionado de  las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es una pieza digna de archivarse en las bibliotecas, pero en la sección de ciencia ficción o de realidad paralela.

Si no fuera que está dirigido a una autoridad tan importante como lo es Michelle Bachelet, su contenido no pasaría de ser una anécdota. El caso es que, en ese documento de 40 páginas, se están reescribiendo los sucesos de octubre y noviembre de 2019 como si de un dibujo libre se tratara para hacer creer a la comunidad internacional que en Bolivia hubo un golpe de Estado, que no hubo fraude electoral y que los opositores merecen estar en la cárcel.

El informe es tan grotesco que llega a negar las renuncias de la cadena de sucesión de mando, pese a las evidencias existentes. Señala que el vicepresidente Álvaro García Linera fue presionado para renunciar y que finalmente la dimisión “no sucedió”. Y, negando lo que aún está fresco en nuestras memorias, dice que “no existe registro” de las renuncias de Adriana Salvatierra y Víctor Borda. 

Lo que sí es verdad es que las renuncias no se leyeron en la Asamblea Legislativa, porque el MAS no asistió para evitar que se lograra el quórum para iniciar una sesión. Y, si de eso se trata, entonces la Procuraduría tendría que afirmar que Evo Morales tampoco renunció y, por tanto, Luis Arce tendría que devolverle el poder. La tesis, en todo caso, es descabellada en extremo.

Con esta aseveración, la Procuraduría trata de sustentar que no hubo vacío de poder y que la asunción de Jeanine Añez fue un golpe de Estado. Y, para eso, el procurador Wilfredo Chávez  no tiene rubor en mentir a Bachelet.

El informe tiene otras perlas. Por ejemplo, incluye a la Iglesia Católica entre los supuestos golpistas, pese a que esa institución y la Unión Europea se las jugaron por la pacificación del país en medio del caos generado por el vacío del poder y el vandalismo de grupos afines al MAS.

El documento empieza con una gran cantidad de cifras para demostrar que los bolivianos vivían en una taza de leche antes de la salida de Evo Morales y, en contraste, muestra al gobierno de Añez como el culpable de todas las muertes, la persecución, la manipulación de la justicia y de los males del país.

Sobre los cívicos dice que sólo representan a las élites, que no existen en sus estructuras movimientos sociales y se pasa por alto la movilización social de los 21 días, reduciéndola a supuestos hechos vandálicos en contra de los TED y de las casas de las autoridades del MAS.

El informe, además, equipara a los jóvenes de diferentes universidades, con los integrantes de la resistencia cochala, poniéndolos en la categoría de grupos violentos. No podían faltar los medios de comunicación privados entre los acusados, a los que señala de haber mantenido un “protagonismo” en el supuesto golpe de Estado.    

El documento está cargado de mentiras, distorsiones, contradicciones, exageraciones y omisiones, que son también relevantes. Página Siete contó al menos 10. No se menciona la reelección indefinida como el detonante de la crisis, no aparece la movilización ciudadana de las pititas, ni los resultados del informe de la OEA, tampoco se relatan los hechos de Montero y Vila Vila, menos el vandalismo en La Paz, que derivó en la quema de buses PumaKatari o la destrucción de las casas de Casimira Lema y Waldo Albarracín. 

El informe tampoco menciona que los movilizados volaron una pasarela de El Alto o que derribaron el muro de la planta de Senkata. Y, por supuesto, no se menciona la advertencia de Morales de cercar ciudades, ni los esfuerzos de la Iglesia y la UE por pacificar el país. Pese a que el informe fue remitido a finales de abril,  no se menciona que la expresidenta Añez está presa y que su detención se produjo violando sus derechos.

Es de esperar que la oficina del Alto Comisionado contraste cada palabra de dicho informe, que fue elaborado por un procurador que fue el abogado personal de Evo Morales y que sigue actuando como tal.