Activistas y líderes políticos consideran  que el informe de la Procuraduría General del Estado (PGE)  sobre los sucesos postelectorales de 2019 genera un mal precedente para la democracia,  por la impunidad respecto al caso “fraude electoral”. Indican, además,  que el intento de posicionar la idea de un supuesto golpe de Estado busca limpiar la imagen de Evo Morales para allanar su eventual  candidatura para los próximos comicios generales. 

“Es un pésimo antecedente para la democracia en Bolivia por un tema muy esencial que se llama impunidad. Cuando alguien comete un delito, la garantía de que este hecho no volverá a ocurrir a futuro es que la justicia sancione, procese y demuestre ante la sociedad que en un Estado de Derecho, donde se supone que se respeta la estabilidad democrática,  se sanciona este tipo de hechos. Si hay impunidad es muy probable que esto vuelva ocurrir a futuro”, declaró  Franco Albarracín, asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

El jurista recordó que la auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que concluyó  en  que hubo manipulación dolosa y una serie de irregularidades en el proceso electoral de 2019, fue llevado adelante a solicitud del mismo Evo Morales y que las observaciones fueron respaldadas por la Unión Europea. 

Para Manuel Morales, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia , el informe de la Procuraduría tiene la intencionalidad de limpiar la imagen de Morales y posibilitar su eventual  candidatura.   

“Ellos están ‘tendiendo la cama’ para una posible postulación de Evo Morales. Están tratando de lavar su imagen. Es una operación política que está destinada a una habilitación prematura y para eso quieren lavar la imagen de Evo Morales. Quieren abrir el terreno con este informe”, expresó.

El activista calificó el informe de la Procuraduría como “extremadamente parcializado”. Observó, además, que  no toque el desconocimiento al 21F  y que niegue las renuncias públicas de quienes estaban en la línea de sucesión.

Por su parte, Alberto Astorga, diputado de Comunidad Ciudadana,   expresó  que con el informe de la PGE  se busca limpiar la imagen de Morales ante la comunidad internacional. Agregó que también se pretende contrarrestar las posturas de  la OEA y el Parlamento Europeo,  que advierten una persecución judicial en Bolivia.  

“El procurador Wilfredo Chávez trata de levantar el caso golpe a nivel internacional;  sólo quiere lavar la cara de Evo Morales, que fue señalado de ser el autor intelectual del gigantesco fraude, de no reconocer el referendo del 21 de febrero de 2019. Quieren lavarle la cara,  quizás con miras a que pueda postularse a la presidencia en 2025”, dijo. El legislador comunicó que solicitó una Petición de Informe Escrito al Procurador,  en la que se le pide indicar las pruebas que tiene para afirmar que la renuncia del entonces vicepresidente  Álvaro García Linera fue forzada y que no hay registro de las renuncias de los presidentes de Diputados y Senadores, entre otros detalles.

Al respecto,  el senador Erik Morón, de Creemos,   indicó  que el informe de la Procuraduría busca  limpiar la imagen de Morales y de  su cúpula de poder de entonces ante su militancia.

  “Se intenta maquillar esos actos de cobardía con su militancia, y se trata de reivindicar a su líder, al tratar de implantar una falsa verdad. Bajo ese concepto quieren hacer ver que hubo un  golpe de Estado. De alguna forma quieren recuperar la personalidad de Evo Morales, de que no tuvo un acto cobarde, que no abandonó a su partido político”, apuntó.

Juan José Jáuregui, diputado del MAS,  manifestó  que amerita realizar  una consulta a la Procuraduría para que explique su informe respecto a las renuncias de García Linera y de los presidentes de entonces del Senado y de la Cámara de Diputados.    

“En materia civil  ningún documento que involucre presión en contra del suscribiente tiene valor legal. En este sentido, de por medio no existe documento;  lo que existe es una manifestación verbal a través de los medios de comunicación para una renuncia”, aseguró.  
 

Detalles del  informe de la PGE

•  Reporte   La Procuraduría General del Estado  remitió un informe, en abril,  a  la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos  sobre los sucesos postelectorales de 2019. 
• Dimisiones El informe   señala que el exvicepresidente Álvaro García Linera fue “forzado” a presentar su renuncia, situación que  “no sucedió”. En ese documento también se indica que no “existe registro alguno” de las renuncias de los entonces presidentes del Senado y de Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, respectivamente.
• Omisiones  El informe  intenta borrar al menos 10 hechos ocurridos en torno a la crisis de 2019.  Entre esos está el referendo del 21 de febrero de 2016, cuando el “No” a la reelección ganó.