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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: sábado 08 de mayo de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Las nuevas autoridades departamentales y municipales no sólo
han pedido trabajar en forma conjunta con el órgano ejecutivo nacional, sino
además le han ofrecido al presidente Luis Arce que si quiere inaugurar una obra
y ponerle color azul, todos encantados. La respuesta no se hizo esperar, pues
el vocero presidencial ha manifestado que el gobierno nacional coordinará con
las flamantes autoridades denominadas subnacionales.
La respuesta del gobierno nacional es positiva, desde todo
punto de vista, máxime cuando el propio presidente Luis Arce amenazó con
bloquear la vacunación (y por supuesto cualquier otra iniciativa menor), a las
regiones que rechacen (en las urnas) a los candidatos azules. Y para demostrar
que estas “amenazas” fueron al calor de la campaña, el presidente debe comenzar
convocando a una reunión nacional (vía zoom) a todas las nuevas autoridades
para un saludo protocolar y buscar coordinar las grandes tareas pendientes y
que cada uno asuma su cuota parte de responsabilidad.
Todas las autoridades tienen un compromiso irrevocable con
la ciudadanía y salvo pequeños detalles, reflejan y comparten exactamente las
mismas preocupaciones y prioridades que tiene el gobierno nacional: Resolver la
crisis sanitaria y la urgencia de combatir al enemigo invisible (el
coronavirus); la reactivación económica y promover incentivos al sector
privado, lucha frontal contra la corrupción, reforma judicial, optimización de
los servicios básicos, el censo de población y vivienda, el pacto fiscal,
fortalecer la autonomía, creación sistemático de empleos, infraestructura vial
o carreteras, seguridad ciudadana y jurídica, entre otros.
Lo que las autoridades departamentales y municipales demandan,
no es otra cosa que un mínimo de coordinación político-administrativa, algo tan
básico y necesario para la buena marcha del Estado. La regla de oro debe ser
que entre ambas autoridades existan unos vasos comunicantes, que permitan
buscar en forma conjunta cómo resolver los grandes problemas nacionales y
regionales. Todas las autoridades se han comprometido a trabajar a tiempo
completo y han jurado defender la Constitución y las leyes, y corresponde que
asuman sus responsabilidades y obligaciones.
La Constitución establece que el Estado se organiza y
estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo,
judicial y electoral y esta organización
está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación
de estos órganos; además, las funciones de los órganos públicos no pueden ser
reunidas en un solo órgano ni son delegables (art. 12).La autonomía busca
democratizar el sistema político, haciéndolo más participativo y brindando a
las regiones la posibilidad de autogobernarse en todo el sentido de la palabra.
El Estado reconoce la existencia de distintos niveles
gubernativos: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos, con facultades
ejecutivas, legislativas, reglamentarias y fiscalizadoras. Todas las autoridades
son elegidas democráticamente y, por tanto, tienen la misma legitimidad y
autoridad a nivel nacional, departamental y municipal. Y como todas las
autoridades se han comprometido a trabajar por el pueblo boliviano, nada menor
que hacerlo en forma conjunta, y dentro de las competencias consagradas legal y
constitucionalmente.
La complejidad que supone la administración del Estado y la
urgencia de abordar y resolver problemas estructurales, necesita que el trabajo
sea en equipo. En realidad las autoridades subnacionales necesitan del
presidente Luis Arce y éste de todas las otras autoridades, de modo que todos
se necesitan y nada mejor que aprovechar el inicio de la gestión para rayar la
cancha.La Constitución, como instrumento de gobierno, establece los
procedimientos, vías, caminos, y medios, que permitan asegurar un ejercicio
controlado del poder para garantizar la libertad y la dignidad de las personas.
Con la coordinación entre el gobierno nacional y las
autoridades subnacionales, se busca no sólo un acercamiento entre los distintos
niveles gubernamentales, sino también concertar una agenda básica y común que
allane los graves problemas nacionales en forma conjunta. El pueblo exige a sus
autoridades una convivencia pacífica y que termine la confrontación, la
persecución política, la discriminación y el abuso de poder.



