Medio: El Deber
Fecha de la publicación: viernes 22 de junio de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia representativa
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La Universidad Pública de El Alto (UPEA) se creó tras un parto difícil. Ocurrió durante el turbulento 2000. La movilización de El Alto fue tan contundente que fue imposible persuadir la creación de un brazo descentralizado de la UMSA. El departamento de La Paz pagaría un alto precio por la visión ‘hoyadacentrista’ de la UMSA que, al contrario que otras universidades públicas, no expandió oportunamente su presencia en una metrópoli cada vez más exigente ni en las provincias de su vasto territorio. La UPEA no sorprende al arrinconar al Gobierno central, 18 años después, y generar un conflicto que escala y que pudo resolverse más allá del regateo, y la poco convincente ley que dispone el subsidio de 70 millones de bolivianos de los 250 demandados.
Contenido
Es verdad que la revisión de la ley de coparticipación hubiera provocado un sismo en el sistema público de educación superior. La modificación de una ley distributiva de transferencias fiscales debiera darse en el marco del tratamiento integral de un pacto fiscal, al que el Gobierno da largas sin convicción. La insurgencia alteña ocurre a la par que el Gobierno se empeña en asfixiar financieramente a los municipios y gobernaciones, predominantemente liderados por autoridades opositoras. Entretanto, los gobiernos autónomos pro MAS se resignan con las transferencias generosas y compensatorias del programa Bolivia cambia y no temen la aplicación de la inconstitucional cláusula de suspensión de alcaldes abrumados por la inclemente maquinaria de una justicia domesticada.
El conflicto de la UPEA y el colapso de servicios de salud ocurren cuando suma la evidencia de obras fallidas, de mini y megaelefantes azules de mala calidad o en desuso, financiados por el programa Bolivia cambia a lo largo y ancho del país. Cortar la cinta es su oficio preferido y poco le importa a Evo inaugurar un coliseo en una comunidad carente de agua potable y alcantarillado, ni la impotencia de gobernaciones materialmente imposibilitadas de bancar sus obligaciones con los hospitales de tercer nivel y servicios especializados que debieran contar con el apoyo concurrente de un vigoroso ministerio de salud.
El presupuesto asignado al programa presidencial escandaliza. En 2015 y 2016 se presupuestó Bs 3.511 millones y 2.144 millones,
respectivamente. El 2018, de acuerdo al Sigep, el presupuesto del Ministerio de la Presidencia superaba los 4.000 millones de bolivianos. Ya en su momento, la Fundación Jubileo alerto que los recursos la Presidencia superaban a los destinados a 14 carteras del gabinete de ministros y que sus inversiones se equiparaban al monto de nueve gobernaciones juntas.
El programa es el lubricante de un inédito y exitoso mecanismo clientelar. Los recursos del Evo cumple son intocables, aun cuando la ola de conflictos y carencias obligan a raspar la olla y priorizar inversiones de mayor calidad y relevancia.
Llegó la hora de interpelar la discrecionalidad e improvisación que caracteriza el uso de los millonarios fondos destinados a municipios, sedes sindicales y un largo etcétera que plantea más preguntas que respuestas. Urge desmontar un dispositivo que plantea el culto a la personalidad de un ilegal candidato presidente que aspira a perpetuarse en el poder. Administrado bajo la tutela del Ministerio de la Presidencia y la infaltable presencia de su excelencia, convertido en alcalde supremo y benefactor, el programa trastoca los principios autonómicos. Diluye la institucionalidad y entroniza al monarca ¡Ironía e impostura del proceso de cambio! ¡un programa convertido en legado para la perpetuación caudillista y prebendal, y cuyo tufillo fascistoide hoy resulta imposible disimular!
