La sucesión presidencial de Jeanine Áñez sigue generando polémica dejando en la mirada de la población, una vez más, a las exautoridades, así como a la iglesia Católica y los organismos europeos.

La Fiscalía anunció ayer la admisión de una nueva denuncia contra Áñez, por asumir la presidencia del Senado de forma irregular y luego ser posesionada como la primera mandataria del país, en 2019, tras los conflictos postelectorales.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, inició el proceso hace dos semanas, el 27 de abril, por los delitos de anticipación o prolongación de funciones, atribuirse los derechos del pueblo, resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, sedición, seducción de tropas y conspiración.

El abogado de la exmandantaria, Luis Guillén, cuestionó que en la demanda se la pretenda procesar por un “mismo hecho y delitos”, pues, dijo a ERBOL, el caso es el mismo que el iniciado por el presunto golpe de Estado por la exdiputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS) por terrorismo, sedición y conspiración e incluso incluye ilícitos penales que se repiten dentro de esta demanda.

EXPLICACIONES

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó que la cúpula de la iglesia Católica y los delegados de la Unión Europea (UE) deberían explicar al país su participación en las reuniones privadas que analizaron el “Plan A” y el “Plan B” que derivó en la “autoproclamación” de Áñez.

“Deben dar, en algún momento, cuenta de su participación en esto. Es decir que lo que han forzado es un golpe de Estado, han querido tomar el poder, han estado un par de días en negociaciones y en gestiones para imponer un gobierno con un Plan A y con un Plan B”, manifestó.

A su vez, ratificó el contenido del informe enviado a la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el que señala que el exvicepresidente Álvaro García Linera fue “forzado” a presentar su renuncia, situación que “no sucedió”. También indica que no “existe registro alguno” de las renuncias de los entonces presidentes del Senado y de Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, respectivamente, de acuerdo con la información recopilada por Página Siete.

Agregó que no se claudicará en buscar justicia para las víctimas del “golpe de Estado” y se buscará la verdad “le duela a quien le duela” y que los responsables tengan la sanción que corresponde.