Que la administración pública sea un botín electoral distribuido luego en cuotas entre los vencedores de comicios no es una novedad, pero que la “institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado” –es decir la Procuraduría General del Estado (PGE)– intente imponer una mentira ante una instancia internacional es un acto incalificable.

Eso es exactamente lo que hace esa instancia con el informe que presentó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), sobre lo ocurrido en el país en noviembre de 2019 como efecto del fraude electoral.

El documento oficial entregado a esa oficina de la ONU en Bolivia da una versión falsa de los sucesos que desembocaron en un vacío de poder y la subsecuente sucesión constitucional hace 18 meses.

Según el mencionado informe, luego de la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de 2019, “se debió abrir la sucesión constitucional (…), siendo el primero el ahora exvicepresidente Álvaro García Linera, quien también fue forzado a presentar su renuncia”. No “existe registro alguno” de las dimisiones de los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, dice la PGE, cuando ese mismo día García apareció en el canal estatal anunciando: “Yo también, el día de hoy, estoy renunciando a mi cargo de vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Las fantasías del documento sustentan, por supuesto, la versión del “golpe de Estado” con la que el Gobierno y el MAS pretenden borrar el fraude de octubre de 2019 y el fallido intento de llevar al país a un enfrentamiento entre bolivianos.

Así, el tenor de lo que afirma el PGE no sorprende sobremanera, pero muestra el grado de deterioro institucional que vivimos en Bolivia y evidencia las limitaciones del Gobierno de Luis Arce, pues es él quien nombró Procurador General del Estado al abogado personal de Morales, que se encargó de representarlo mientras estaba ausente del país después de su fuga.

Y es obvio que ese nombramiento se dio en función de cómo entienden, el jefe del MAS y su entorno de exministros, servirse del Estado y conducir los destinos del país.

El cuoteo del Gobierno central entre los movimientos sociales que integran el Pacto de Unidad se inscribe en esa lógica. Una lógica en la que los intereses del país, su imagen internacional y el bienestar de los ciudadanos son secundarios.