Se han cumplido seis meses del gobierno de Luis Arce, David Choquehuanca y el MAS, comprobándose una situación bastante extraña para nuestro sistema y tradición presidencialista, el partido y sus organizaciones sociales tienen más poder que los primeros mandatarios.

Siendo el Movimiento al Socialismo un conglomerado corporativo de organizaciones sindicales, esto ha provocado una repartición de la estructura gubernamental que fragmenta la gestión pública y la vuelve altamente inefectiva en uno de los momentos más graves de la historia reciente, en los que Bolivia necesitaría un gobierno eficiente e integrador para enfrentar la sumatoria de crisis política, económica y social que sufrimos en los últimos años, agravadas por la pandemia del COVID19.

Habiendo ganado la elección con una alta votación,  se hubiera esperado que el binomio Arce-Choquehuanca tuviera la autoridad para conformar su gobierno, elegir a su gabinete y definir la línea política que seguirían, así como las políticas públicas que ejecutarían.

No ha sido así, no obstante las promesas que hicieron durante la campaña, en el sentido de que gobernarían ellos y no Evo Morales, y a pesar de los discursos de la posesión presidencial, en los que el presidente procuró asumir una actitud institucional y el vicepresidente proyectó una imagen conciliadora, las acciones de su gobierno durante estos 180 días los desmintieron a sí mismos y destruyeron la imagen de diferencia con los anteriores gestiones que había convencido a una parte del electorado.

No sé si ellos se dan cuenta, pero la detención de la ex presidente Añez y de los ex ministros Coímbra y Guzmán, violando los derechos humanos fundamentales y garantías constitucionales, marca un punto de inflexión que manchará irreversiblemente esta gestión de gobierno y el resto de sus trayectorias políticas, como autores de un abuso propio de dictadores.

Todo indica que el presidente habría elegido muy pocos ministros y controla sólo el Ministerio de la Presidencia y algunos ministerios del área económica. La mayoría de las carteras fueron entregados a los movimientos sociales que forman parte de la estructura del MAS y son controlados por estas organizaciones; en el caso de los ministerios del área política son dirigidos, desde la sombra, por el circulo de mayor poder de la última gestión de gobierno del ex presidente Morales.

Cuando se analiza esta situación se tiende a comparar este gobierno con lo que sucede en el Argentina, donde se da el inédito caso en el que fue la vicepresidenta Cristina Kirchner quien eligió al que sería su presidente y, a medida que pasa el tiempo, lo desautoriza con cada vez mayor frecuencia, asumiendo decisiones que corresponden a la autoridad presidencial y definiendo los lineamientos políticos más importantes de su gobierno. Gobierna Cristina, es la conclusión a la que llegan muchos analistas de la política argentina.

Sin lugar a dudas, el ex presidente Morales y su equipo político quisieran que lo mismo sucediera en Bolivia y además trabajan intensamente para que así sea. Consideran que, al final de cuentas, Arce y Choquehuanca no son más que unos ocupantes temporales del espacio que le corresponde al presidente del MAS y a su círculo más cercano. El problema es que los movimientos sociales masistas también consideran que el poder les pertenece porque mientras Morales y su entorno se desprestigiaron por el fraude electoral y se fueron del país por la crisis política y social que provocaron, ellos se quedaron y ganaron las elecciones.

Mientras el presidente Arce acusa a la oposición de desestabilizar su gobierno, casi como reflejo y excusa por la inacción de su gestión, es la disputa interna la que destruirá su gobierno. El problema es que en el camino se inviabilizaran las soluciones que necesita con urgencia el país y se acudirá a la confrontación entre bolivianos como cortina de humo para los problemas del MAS.