La primera semana de Oscar Montes como gobernador de Tarija fue más para empaparse de la situación de la Gobernación y para concretar el círculo de funcionarios ejecutivos que lo acompañará durante su primer año de gestión. Ahora inicia la gestión institucional en sí. Y arrancó pidiendo la derogación de la Ley del 8%, esa norma que le implicó a la gestión de Adrián Oliva una serie de débitos automáticos.

El Gobernador del Departamento de Tarija hizo pública la solicitud que hizo a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) de dejar “en suspenso” la aplicación de al menos 100 leyes que le restan recursos al Gobierno Departamental.

Pero, además, la autoridad pidió la derogación de una norma que implica el débito automático desde el Gobierno nacional. Específicamente se refirió a la Ley del 8%, que avala la transferencia del 1% de los ingresos por renta petrolera para ocho municipios.

Al hacer referencia a esa solitud, Montes comentó que el viernes 7 de mayo ingresaron a las arcas de la Gobernación 13 millones de bolivianos, sin embargo, “duraron escasos segundos”. Ya que el Gobierno municipal de Uriondo solicitó el débito automático, lo que dejó a la Gobernación “en total iliquidez”.

“No tenemos ni siquiera para atender las necesidades básicas de los huérfanos, de los ancianos, ni para atender la crisis de salud o para pagar sueldo. Y tenemos varios débitos que están en curso, como el del Gobierno municipal de San Lorenzo, que ya en anteriores oportunidades ejecutó débitos a la Gobernación”, dijo Montes, a tiempo de cuestionar la falta de información sobre cómo se ejecutaron los recursos debitados.

“Estamos pidiendo a la Asamblea que pueda derogar esa Ley, porque está claro que obedece más a una intencionalidad política que a un proceso de desarrollo. Por otro lado, no tenemos ninguna posibilidad material de poder cumplir las obligaciones que implican estas 100 leyes”, recalcó el Gobernador, a tiempo de indicar que los 60 millones de dólares, que estima recibirá la Gobernación de Tarija este 2021, no alcanzarán para asumir los compromisos y deudas que quedaron pendientes.

El País intentó comunicarse con el vicepresidente de la ALDT, Mauricio Lea Plaza, quien además es aliado político del Gobernador, para conocer su postura sobre la solicitud de modificar algunas leyes y derogar otras, normas que fueron aprobadas en su gestión como legislador. Sin embargo, no fue posible establecer comunicación.

Quien sí se pronunció, a través de sus redes sociales, fue el todavía presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Álvaro Ruiz, quien fue el impulsor de esa norma.

“No podemos avanzar sacrificando a los municipios, la Ley del 1% es una conquista de los pueblos que siempre vivieron olvidados. #Tarija necesita soluciones creativas para salir de la crisis, no ir por el camino del ajuste que afecta a los más pobres como la vieja política acostumbra”, escribió en su cuenta de Facebook el excandidato a gobernador del Movimiento al Socialismo (MAS).

100 leyes

Son 100 las leyes aprobadas por la pasada gestión de la ALDT que Montes pide modificar o derogar. Algunas fueron promulgadas por el exgobernador Oliva, otras por el órgano legislativo.

De acuerdo a una nota institucional, algunas de las leyes que se plantean dejar en suspenso son: Ley departamental del plan de empleo urgente productivo urgente, Ley de la festividad de la Vendimia chapaca, el arte y el vino, Ley que declara Patrimonio Cultural, histórico e intangible la Fiesta Grande patronal de San Lorenzo, Ley de Apoyo prioritario a Tariquía, Ley de la Ruta del Queso y la Leche, Ley Departamental de Camélidos, Ley Modificatoria a la Ley Departamental 105 del Paquete Alimentario para las personas con discapacidad, entre otras.