Llenar todos los resquicios del espacio público con la discusión, repetida hasta atontarnos (y legitimar una oleada represiva), sobre si las renuncias de los principales responsables políticos y su atropellada escapatoria en 2019, se debió a un golpe o un fraude, es la manera más deshonesta de esconder los problemas, que revientan doquier, sin que el Gobierno tenga idea, menos plan, para atenderlos.

Por eso debe recordarse que el vacío de poder –provocado por renuncias programadas– y el subsecuente cambio de conducción del Ejecutivo hace un año y medio se produjeron como consecuencia de un frontal golpe de Estado ejecutado el año 2017 por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y organizado por la cabeza del Gobierno del MAS, con activa participación de su bancada parlamentaria.

El desmantelamiento de las instituciones constitucionales burlando el procedimiento establecido (es decir, el golpe) ocurrió dos años antes de la fuga de Juan Evo Morales Ayma y su vice.

En noviembre de 2019 simplemente se verificaron los efectos más intensos de ese golpe, que se fue consolidando mediante una extensa suma de actos arbitrarios e ilegales del Órgano Electoral, incluyendo la manipulación del conteo de votos en las elecciones de octubre de ese año.

Los funcionarios que ocupaban los puestos de tribunos, días antes de ser relevados, consumaron silenciosamente su maniobra mediante la sentencia constitucional 0084 del 29 de noviembre de 2017, que declara inconstitucionales a varios artículos de la Constitución Política y nulos los resultados del referendo de 2016, sin siquiera mencionarlo; es decir, abrogando de hecho el principio de la soberanía popular.

El Gobierno transitorio no desplegó esfuerzo alguno por desmantelar y revertir la acción golpista de los miembros del TCP cesantes en 2017 y continuada por sus sucesores, que defendieron y defienden la sentencia que ha suspendido objetivamente a la Constitución y la ha suplantado por la opinión de los tribunos.

En vez de objetar al TCP y exigir la rectificación de sus actos golpistas, el Gobierno de la señora Añez buscó y negoció su bendición y legitimación, situación que se prolonga y preserva hasta hoy con el nuevo gobierno del MAS.

Para revertir el ciclo golpista vigente, debe restituirse la vigencia irrestricta y efectiva de la Constitución, anulando la atroz sentencia de quienes la reformaron y suspendieron sin tener autoridad para hacerlo, y procesar a todos los que, desde dentro y fuera del TCP, violentaron nuestros derechos y garantías básicas.

El fallo que concede al privilegio de reelección continua y perpetua de unos pocos el carácter de “derecho humano”, supuestamente amparado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que “toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”. Esa igualdad resulta imposible, cuando quien controla el poder político, mientras busca mantenerlo, usa para ese fin sus ventajas y privilegios de manera continua e ininterrumpida.

Ocultar esa situación de anormalidad induce falsificaciones permanentes, como la del presidente Arce al hablar de su inicio político como parte del partido de Marcelo Quiroga Santa Cruz en la resistencia contra la dictadura.

La realidad es que esa excepcional oportunidad que tuvo para volcar su propagandizada afinidad y admiración por Marcelo, la desperdició como ministro de los gobiernos del señor Morales Ayma, que se negaron a contribuir a esclarecer su asesinato y que, desde la comandancia general de las Fuerzas Armadas, bloquearon las órdenes judiciales para abrir los archivos de las dictaduras.

La fabricación de un golpe de Estado como base del lanzamiento de la nueva candidatura de Morales, intenta atribuirle tal carácter al extenso movimiento social que rechazó la anulación del referendo de 2016, la suspensión de la Constitución y se movilizó contra el conjunto de trampas electorales, para garantizar una espuria reelección. El real golpe nació y se prolonga con la violación a la Constitución y a la voluntad popular.

Lo pendiente no es eternizar la mala fe de tan torcido debate, sino enfrentar la muerte, el desempleo, el languidecimiento económico, el enfrentamiento y la crispación social. De la misma manera que no se resolverán los problemas económicos, esculcando maletas en los aeropuertos, la historia no se reescribirá persiguiendo espectrales golpistas, mientras se ampara y concilia con los verdaderos.

El autor es director e investigador del Instituto Alternativo