Ante el incumplimiento de convenio del gobernador de La Paz, Santos Quispe, con Jallalla, esta agrupación política decidió expulsarlo y promover el revocatorio de mandato de la autoridad, toda vez que agotaron todas las posibilidades de conciliación. 

En la víspera, Leopoldo Chui, líder de Jallalla, y sus militantes realizaron una movilización en contra de Quispe, al considerar a la autoridad como traidor, porque, luego de llegar al poder con esta sigla, decidió separarse de la misma y actuar de manera individual.

“El departamento se va a movilizar. No estamos lejos de un proceso de revocatorio, no estamos lejos de pedir que el departamento de La Paz exija la renuncia de este señor por incapacidad, por falta de palabra, por falta de honorabilidad”, dijo Chui.

El portavoz de esta tienda política, Jesús Chura, mencionó que el revocatorio de mandato a una autoridad está contemplada en la Constitución Política del Estado (CPE) y que la medida anunciada por Jallalla tiene sustento.

“El artículo 240 de la Carta Magna dispone que toda “persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, excepto el Órgano Judicial”; que la revocatoria puede solicitarse cuando “haya transcurrido la mitad del período del mandato” y no podrá “tener lugar” durante el último año de la gestión en el cargo”. 

Asimismo, el “referendo revocatorio procederá por iniciativa ciudadana, a solicitud de al menos el 15 por ciento de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió” a la autoridad respectiva, porcentaje que en la Ley del Régimen Electoral ha sido fijado en 25 por ciento para autoridades nacionales y departamentales y 30 por ciento para autoridades municipales, y procederá “una sola vez en cada mandato constitucional del cargo electo”. 

Las fricciones del hijo de Felipe “Mallku” Quispe con la agrupación Jallalla se presentaron después de obtener la victoria en segunda vuelta, por lo que consideran de traidor, por lo que este lunes, la agrupación definió su expulsión, además anunciaron una serie de medidas de presión, como huelga de hambre, y acciones legales contra el gobernador.