Durante su interinato presidencial, en una entrega de obras en el agro de Cochabamba hace una semana, el vicepresidente, Álvaro García Linera, comparó a los activistas del 21F con el borracho que ingresa a una fiesta sin estar invitado y causa destrozos. Esa desafortunada comparación fue la comidilla en redes sociales y medios de comunicación.

Más allá de lo desatinado de la comparación está la forma de hacerla. García Linera, quien a pesar de no ser profesional es un intelectual bien formado, cuando enfrenta a una audiencia predominantemente indígena y rural, adopta un odioso tonito paternalista como si le estuviera hablando a niños muy pequeños e incluso comete, a sabiendas, los errores de gramática del habla popular (… “lo patea la comanda”…). En otras palabras, los remeda en un mal entendido intento de ponerse al nivel de su audiencia. Eso es paternalismo en el mejor de los casos, y racismo en el peor.

El segundo hombre del país manifestó que las multitudes de activistas del “Bolivia dijo No” son todos “anti-Bolivia”, “vendepatrias”, de derecha y que discriminan al presidente Evo Morales por su condición de indígena, amén de restarles importancia al calificarlos como militantes de algún partido político. Es decir, le atribuye obediencia a “alguien” (sólo faltó el manido “imperio”) por puro afán de beneficios. Puros tontos útiles. Le faltó decir que son todos pagados. 

Y ni él ni sus conmilitones admiten la mínima posibilidad de que los activistas del “Bolivia dijo No” obedezcan a su propia iniciativa, al principio democrático de pluralismo político, a su indignación por el abuso de poder, el despilfarro y la corrupción desatada o, más importante aún, a sus propias conciencias. 

Todo detentador del poder debiera saber que corre por su cuenta y riesgo atribuir particularidades que la gente no tiene y desestimar las que sí tiene.  

La vieja receta de dividir a la sociedad en “nosotros” versus “ellos” ya cansa. No se trata, nunca se trató, de la absurda cuestión de quiénes aman más a Bolivia. El posevismo debe desterrar e incluso ilegalizar ese discurso de odio, ese falso dilema.

Lo único que quieren los activistas del “Bolivia dijo No” -o sea, todo el resto del país, menos el MAS- es que los detentadores del poder respeten las reglas del juego: que se respete el resultado del 21F, en el que el presidente Morales quedó inhabilitado para repostularse para un cuarto mandato.  Todo lo demás es borrachera de poder, como lo delatará, una vez más, la inauguración de la mal llamada “Casa Grande del Pueblo” que de ese nombre sólo es cierta la palabra “grande”.